Los beneficios del Gobierno valenciano a la sanidad privada: nuevo servicio de ambulancias y más derivaciones de resonancias

“Se ha establecido un protocolo de actuación conjunta para coordinar el traslado a centros sanitarios privados de aquellos pacientes con doble aseguramiento sanitario, en determinadas circunstancias”. La circular que ha remitido la Conselleria de Sanidad a los trabajadores y trabajadoras del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se pronuncia en estos términos para informarles a renglón seguido del nuevo protocolo de actuación por el cual las el servicio público de ambulancias de la Generalitat Valenciana podrá trasladar a los pacientes que sufran alguna urgencia a centros privados.

Según diversas fuentes sindicales consultadas por este diario, hasta ahora el criterio era como norma general llevar al paciente a su centro público asignado o en su caso al más cercano en función del caso. Si el afectado disponía de un seguro y solicitaba ir a hospital privado, quedaba al criterio del médico del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) o bien del CICU, pero en cualquier caso el servicio se debía facturar a la aseguradora.

El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad, Carles Esteve, ha hecho pública la circular (documento completo al final de la información) en la que se detalla que el pasado mes de agosto se firmó un nuevo protocolo entre la Conselleria de Sanidad y la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE) al que se han adherido los grupos empresariales Vithas, IMED, Quirónsalud, HCB, HLA y La Salud. Con los nuevos criterios, en algunos supuestos los pacientes podrán priorizar la sanidad privada en los traslados.

En concreto, según el nuevo protocolo, aquellos susceptibles de derivación a centros sanitarios privados son los siguientes: “Accidentados de circulación; pacientes con cobertura sanitaria a través de seguro privado respetando su derecho a la libre elección entre centro público o privado; y turistas extranjeros”.

El CICU seleccionará el hospital receptor “en función de la gravedad del paciente” y “la distancia por recorrer”. Además, se tendrá en cuenta el derecho de elección del paciente: “El usuario, familiares o responsables, de entre los centros seleccionados por el CICU, podrán elegir el centro que deseen. Se garantizará el pleno respeto del derecho del paciente a ser atendido en los centros privados seleccionados por CICU o en centros públicos. Si el usuario, familia o responsables no muestra preferencia de hospital será el CICU quien lo decida”.

También se tendrán en cuenta los “traslados” posteriores, es decir, “si un paciente es derivado a un centro privado y su cobertura no es completa, el centro privado estará obligado a asumir su estabilización y costes y trasladarlo por los medios propios de ese centro a un hospital público designado por el CICU”, dice el documento.

Además, añade que “el CICU en ningún caso comprobará cobertura asistencial del asegurado privado” y “en caso de duda sobre la gravedad del paciente, será el CICU quien determinará el centro de destino”.

Esteve, ha denuncido que este convenio, bajo la falsa premisa de la elección de servicio por parte del paciente, esconde el enésimo regalo a la sanidad privada del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón. Según ha comentado, con el nuevo protocolo “se cede el uso del servicio de traslado de emergencias a los seguros privados”, una decisión que considera “inaceptable y perjudicial para la calidad del servicio público de salud”.

“Lo que ha hecho Mazón es establecer un convenio por el cual pone a disposición de las empresas privadas un recurso que es público, que se paga de los impuestos de los valencianos y las valencianas. Estamos ante un caso muy dramático porque estamos hablando del servicio de emergencias, el traslado de pacientes, las ambulancias”, ha dicho.

Para el diputado de Compromís “la consecuencia más grave es que a un servicio que ya está funcionando muy precariamente lo vamos a cargar de más trabajo todavía, y además estamos hablando de un servicio en el que la vida de las personas depende del tiempo que tardamos en contestar”.

Ahora los trabajadores de los CICU tendrán que preguntar a quién está sufriendo una situación de emergencia si tienen seguro privado para ver si lo acaban enviando a un hospital o a otro: “Hacer esto en un servicio en el que cada segundo cuenta, es poner vidas en riesgo. Además, con esta decisión del Gobierno de Mazón el 80% de valencianos y valencianas que no tenemos un seguro privado vamos a pagar a empresas privadas un servicio que no tienen y que tendrían que pagar ellos directamente”.

Desde Compromís han pedido explicaciones a Mazón sobre esta situación, a la vez que se reclamó una rectificación, “porque es una barbaridad, supone un retroceso en la gestión pública de la sanidad y pone en riesgo la seguridad y la atención de los pacientes”.

Por su parte, Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, de CCOO PV, ha lamentado que se continúe avanzando “hacia la privatización de la Sanidad” y ha añadido: “En lugar de fortalecer el sistema sanitario público, el Gobierno de Mazón formaliza convenios con empresas privadas, desoyendo las recomendaciones de la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, tras la pandemia. Rechazamos que se destinen recursos públicos, como el Servicio de Emergencias Sanitarias, a la sanidad privada y emplazamos al Gobierno valenciano a reorientar la política sanitaria y la gestión al fortalecimiento del sistema sanitario valenciano en beneficio de toda la ciudadanía”.

Desde UGT ha asegurado que pedirán información a la Conselleria de Sanitat sobre ese convenio que en principio “parece una vuelta de tuerca en el camino de las privatizaciones y cesiones a la sanidad privada que está llevando a cabo este Gobierno”. La organización ha apuntado que “la circular que han dirigido a los trabajadores y trabajadoras sin más explicaciones no está firmada por ningún responsable, lo que no puede obligar a ningún trabajador y trabajadora ya que no hay nadie que asuma esta instrucción”. Por otro lado, han pedido “transparencia sobre cómo las compañías privadas van a compensar estos traslados que se asumen desde el ámbito público, máxime cuando el servicio del SAMU es deficitario en cuanto a recursos humanos y materiales”.

Sanidad afirma que se da libertad de elección a los pacientes

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han negado que se haga cesión alguna a los seguros privados y han explicado que se establece un protocolo para regularizar los traslados a centros de elección de los pacientes que tengan seguros privados y elijan ir a un centro para ser atendido a través de su seguro en caso de ser atendidos por los servicios de emergencia sanitaria. En caso de no poder decidir los pacientes, se trasladan al centro público más cercano.

Así, han insistido desde Sanidad en que se trata de protocolarizar una práctica que ya se venía haciendo desde hace tiempo para pacientes que tienen doble seguro, accidentes de tráfico o extranjeros. Ahora se establecen criterios en función de la gravedad y de la distancia de la asistencia al paciente hasta el centro hospitalario. De esta manera han asegurado que se garantiza su atención y la disponibilidad de recursos públicos para otras necesidades.

Sobre el coste de los servicios que se presten, desde Sanidad han detallado que “se cobran los traslados cuando el asistido tiene solo seguro privado”. En caso de ser beneficiario de doble seguro (seguridad social y privado), “el traslado está cubierto”. Según han explicado, “hay que tener en cuenta que el protocolo regula precisamente que el traslado sea en un radio de distancia que se cubra en un trayecto máximo de 15 minutos entre el hospital público receptor del paciente y el posible hospital privado”. Si eso no fuera posible se traslada al paciente el centro público más próximo, al igual que en el caso de determinadas situaciones clínicas en las que se pueda encontrar la persona asistida“.

Más derivaciones a la privada en radiología

La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha denunciado “la privatización encubierta y generalizada de servicios de radiología en la mayoría de departamentos de salud de la Comunitat Valenciana a través de diferentes fórmulas”. Según el sindicato, se trata de “externalizaciones” que suponen “dinamitar la reversión al sistema público realizada la pasada legislatura y que puso fin al conocido como modelo Eresa”.

Como informó este diario, en diciembre de 2021, el anterior Gobierno del Pacto del Botánico recuperó otro de los pelotazos propiciados por el expresidente Zaplana en el año 2000, cuando decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos. Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y en un segundo concierto, Ribera Salud, fueron los adjudicatarios, empresas todas ellas cercanas al PP.

La información recabada por el sindicato a raíz de la notable escasez de personal facultativo especialista en radiología en el Departamento de Marina Baixa pone en evidencia la existencia de una grave crisis en los servicios de radiología que afecta a toda la Comunitat Valenciana. UGT ya denunció el pasado mes de julio que el hospital de la Marina Baixa se había quedado sin radiólogo de guardia algunas noches y que los días festivos y la guardia médica de radiología se hacía desde una empresa privada por teleradiología. Es decir, el radiólogo o la radióloga está en su casa y resuelve la situación desde allí.

En este caso, fuentes de la Conselleria de Sanidad han remarcado que “no hay ninguna privatización encubierta, sino una solución coyuntural para garantizar la asistencia a los ciudadanos” y han añadido: “Ante la situación actual en la que existen decenas de plazas de radiólogos sin cubrir y con los que hay trabajando también en jornada extraordinaria a través de módulos de refuerzo para atender el mayor volumen posible de la demanda existente, la Conselleria de Sanidad está trabajando además en medidas como la introducción de la Inteligencia Artificial para lecturas de pruebas diagnósticas de mama, columna, tórax y huesos, pero no puede demorar pruebas diagnósticas por no poderlas atender con los recursos propios existentes”.

Por tanto, “la prioridad de la Conselleria es agilizar los plazos de diagnóstico y la colaboración público privada es fundamental para garantizar la equidad y la calidad asistencial cuando los recursos propios no pueden asumir, como es el caso, el volumen de pruebas diagnósticas pendientes”.

Pero Marina Baixa es solo un ejemplo de lo que UGT califica como un “descontrol en los servicios de radiología en muchos departamentos y de los procesos de privatización o externalización del servicio que está ejecutando la Conselleria de Sanidad de forma discreta”. Así, según un estudio realizado por la organización al menos en los departamentos de Sagunto, Requena, Alcoi y Clínico las pruebas de Resonancias Magnéticas (RM) que se están realizando en el hospital se derivan a Ascires/Inscanner (antigua Eresa) donde son informadas. En Castelló, por su parte, el informe de la mamografía lo hace también esta empresa, mientras que en Gandia las ecografías y los TCs no urgentes también son derivados a esa firma que se encarga de informarlos. En el departamentod de Xátiva-Ontinyent la Conselleria de Sanidad ha llegado a un acuerdo con un hospital privado -San Jordi de Alcoi (IMED)- para derivar a los pacientes y realizar las pruebas allí.

Por su parte, según el sindicato, en Orihuela y Torrevieja, la Conselleria de Sanidad ha contratado los servicios de Atrys (una empresa privada de teleradiología con radiólogos y radiólogas en Barcelona) para que en algunas franjas horarias puedan realizar las guardias médicas a distancia.

“Para completar este despropósito la Conselleria de Sanidad tiene en la mayoría de hospitales equipos infrautilizados con el agravante que fueron pagados con fondos europeos o donados por Amancio Ortega, mientras se deriva actividad a empresas privadas como plan de choque. UGT Serveis Públics ha solicitado en reiteradas ocasiones información al respecto sin obtener respuesta hasta al momento. UGT considera que la situación de los servicios de radiología es muy preocupante y no sólo porque supone volver a dejar en manos privadas un servicio sanitario esencial”, ha advertido.