Tras dos días de cuestiones previas, este jueves le toca el turno a Rafael Blasco, exconseller de Francisco Campsexconseller de Francisco Camps, declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como imputado, junto a otras ocho personas, la mayoría de ellos exaltos cargos más de la conselleria de Solidaridad, por el presunto fraude en las subvenciones de la Generalitat Valenciana en materia de cooperación internacional.
Blasco llegaba a las 8 de la mañana aunque su comparecencia no estaba prevista hasta las 9.30 horas, de modo que evitaba tanto a los medios de comunicación que le esperaban como a los participantes convocados a las 9 por la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Durante su declaración, según informa Europa Press, el exconseller ha negado cualquier relación “de confianza y amistad” con el empresario Augusto César Tauroni, presunto cabecilla del 'caso Cooperación' que se encuentra en prisión.
El exconseller ha reconocido que conoce a Tauroni desde hace “muchos años” -ambos nacieron en Alzira-, aunque no ha podido precisar más. Pese a que durante la instrucción Blasco aseguró que le conocía de toda la vida, en su declaración ha puntualizado que personalmente le conoce desde hace poco más de una década.
En este sentido, el exdirigente popular ha aclarado que el primer contacto personal que mantuvo con Tauroni se remonta a cuando era el responsable de la conselleria de Bienestar Social, “habé una o dos veces por motivos de trabajo”, una relación que se intensificó en 2010, cuando Blasco ya ocupaba la cartera de Solidaridad, “cuando empezaron a aparecer informaciones sobre organizaciones no gubernamentales”. A partir de entonces la relación entre ambos se convirtió en “mas frecuente”, sin llegar a ser una “relación personal ni de confianza ni de amistad”, negando haber comido “nunca” con el empresario ni haber estado “nunca” en su casa.
Cuestiones previas
Blasco es el primero de los nueve procesados por delitos de tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión de 1,8 millones de euros a la fundación Cyes para proyectos en Nicaragua, donde sólo llegaron 43.000. El resto de los fondos fue presuntamente desviado a la adquisición de inmuebles en Valencia.
Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exconseller popular, mientras que la Abogacía de la Generalitat solicita 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación. El PSPV, que se personó en la causa, pedía 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.