El exjefe de explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) Ignacio Bernácer, la sociedad pública de la que dependía Emarsa, ha confesado en el juicio por el saqueo que cobró 400.000 euros en comisiones ilegales gracias al desfalco en la depuradora de Pinedo (Valencia).
Ignacio Bernácer ha relatado con sobriedad como se ideó el sistema para desviar hasta 24 millones de euros de fondos públicos. En esencia, se aumentó el presupuesto de Emarsa -“que tenía permanentes problemas económicos” pese a su “gran masa salarial”, plantilla elevada y con sueldos altos- y luego se creó un sistema para facturar por la retirada de lodo inexistente e inflar el precio del efectivamente transportado.
La trama enriqueció a los protagonistas del desfalco. Bernácer ha confesado que tuvo 400.000 euros en una caja de seguridad bancaria por una gratificación que recibió por aprobar un aumento presupuestario para Emarsa.
Además de ese estipendio, Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, le entregó entre 2.000 y 5.00 euros en sobres en varias ocasiones aunque sin periodicidad. El dinero procedía de la facturación falsa que se realizaba a través de empresas como las, de por ejemplo, Sebastián García. Éste aseguró ante el tribunal que entregó 1.8 millones de euros en comisiones.
Bernácer se ha comprometido a devolver el dinero robado a cambio de una petición de pena inferior a la que inicialmente solicitaban la Fiscalía y las acusaciones particulares, la Generalitat y la Emshi. .Segùn Las Provincias, de menos de 4 años. En su escrito de acusación inicial, el ministerio público solicitaba contra él 14 años.
La misma condena que para los otros cabecillas del desfalco: Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP y Juan José Morenilla, exgerente de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
El exresponsable de la Epsar ha admitido en el juicio las irregularidades. Cuando cobraba los sobres con comisiones ilegales, sabía de la procedencia ilegal del dinero. “Me equivoqué”, ha confesado en la vista. De ahí, que desde el cargo que ocupaba -el supervisor de la gestión y los presupuestos de las depuradores públicas- hiciera la vista gorda ante lo que parece uno de los mayores escándalos de corrupción de la Comunidad Valenciana.
De hecho, la participación de Bernácer fue básica para el supuesto desfalco que se enjuicia. En la vista, ha confesado como ayudó a aprobar dos ampliaciones de presupuestos para Emarsa -una empresa que iba tan mal que sufría riesgos de cortes de energía- que subieron el precio de su actividad. De 6 euros por tonelada de lodo -la materia prima resultante del proceso de depuración- a 42 euros en pocos años. Un 700 % más.
La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP y Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar). Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
En colaboración o con la supuesta connivencia de otros 22 acusados, manipularon al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas. Bernácer, como otros encausados, se ha arrepentido y está colaborando con las acusaciones.