El candidato del PP y alcalde de Orihuela no tramitó ni un expediente ni un informe en 6 años como asesor en Sanidad
Mientras el expediente informativo de la Conselleria de Sanidad sobre la vida laboral del candidato del PP y alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, sigue abierto tras haberle tomado declaración hace medio año, los detalles sobre su incomparecencia en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante siguen apuntalando la tesis de que fue un trabajador zombie durante seis años. Esta vez, por preguntas parlamentarias realizadas en las Corts al departamento que dirige Ana Barceló.
Una de las preguntas realizadas desde el parlamento a la directora general de Recursos Humanos se centra en el único argumento que Bascuñana pudo dar cuando eldiario.es destapó el presunto fraude laboral del político del PP: “¿Qué constancia existe en la conselleria de las labores que según afirma el mencionado facultativo, realizó de reestructuración de los servicios de conductas adictivas durante los años 2007 al 2014 en la Dirección Territorial de Alicante?”.
La alto cargo de la conselleria contesta que Bascuñana estuvo adscrito funcionalmente a la Dirección Territorial desde el 1 de noviembre de 2007 al 30 de abril de 2013. “En relación a los trabajos realizados por el citado funcionario, no consta trabajo alguno en la Dirección Territorial de Alicante respecto a la reestructuración de los servicios de conductas adictivas, ni algún otro trabajo, dado que en dicho periodo no consta que el citado funcionario tuviera presencia física en la Dirección Territorial de Sanidad”.
En las distintas preguntas realizadas a las que ha tenido acceso eldiario.es. se revela el sueldo que percibió Bascuñana, entre 2.500 y 2.800 euros netos al mes, más de 3.500 euros brutos sin ir a trabajar. En aquellos años fue presidente de la Cruz Roja de Alicante, un puesto por el que no percibía salario. En el puesto en la Dirección Territorial, que Bascuñana calificó de “asesor”, percibía el candidato del PP el mismo salario que como médico con complemento C, según otra de las respuestas.
En otras de las preguntas realizadas a la conselleria desde el Parlamento valenciano, Sanidad abre una vía nueva sobre el caso Bascuñana. Según explica la directora general de Recursos Humanos, “la Dirección Territorial de Alicante tras realizar una búsqueda en el programa del Registro Oficial de Entrada de esa Dirección Territorial, no se ha encontrado la entrada de los documentos a la resolución de adscripción funcional del citado funcionario”. Es decir, la adscripción funcional que debía haber llegado a su puesto de trabajo podría no haberse enviado nunca para evitar la queja de algún funcionario del departamento.
Y es que, sin esa adscripción funcional, era imposible saber cuál era su trabajo, porque la nómina se la seguían tramitando desde desde el centro de salud de origen, donde tenía la plaza.
Según fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, el comportamiento de Bascuñana en la adscripción funcional y la falta de explicaciones y documentos que sostengan su versión, podrían tener consecuencias disciplinarias, económicas e, incluso penales, aunque la Conselleria de Sanidad no ha actuado todavía.
El presunto abandono del servicio es una falta muy grave, según la Ley de Función Pública; la percepción incorrecta de salarios públicos podría derivar en un presunto delito de malversación de caudales públicos y por lo tanto tener que devolver el dinero percibido de manera ilegal.
