El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció recientemente que la residencia para personas con diversidad funcional de Torrevieja, ubicada en la avenida de Delfina Viudes, no acogerá menores tutelados. Se trata, según dijo Mazón, de un “compromiso electoral y personal con la ciudad de Torrevieja”, gobernada por el popular Eduardo Dolón. Construido en 2011 y con un coste superior a los cinco millones de euros, el centro ha permanecido en estado de abandono, al no haber sido prevista su inclusión en la red de recursos asistenciales de la Generalitat Valenciana, algo que le costó a Dolón una reprimenda por parte del Gobierno autonómico de Alberto Fabra.
El Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic, a tenor del desuso por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, licitó por valor de un millón de euros la reforma de la residencia, un espacio ligado a los presupuestos autonómicos de Infancia y a los fondos europeos. La intención era crear 30 plazas de atención a menores tutelados y otras 30 para personas con diversidad funcional, éstas últimas en dos dependencias independientes situadas en el mismo edificio.
Una decisión que Mazón tildó de “error” y de “injusticia”. “Este asunto es una prioridad en la agenda del Gobierno valenciano”, afirmó el presidente de la Generalitat Valenciana, quien también aseguró que “paralelamente, se analizarán también cuáles son las necesidades en materia de centros de menores para atenderlas en todos sus ámbitos”.
La patata caliente pasa así a la vicepresidenta segunda y consellera de Bienestar Social, Susana Camarero, que deberá resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos de adaptación del edificio.
Además, tal como recordó la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, el proyecto de adaptación del edificio cuenta con fondos europeos, que podrían estar en peligro si se modifica su destino inicial.
Sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas y burocráticas, subyace el rechazo a los menores tutelados, en una comarca con déficit de plazas de acogida, según Mas. La dirigente de Compromís sostiene que la decisión de Mazón demuestra que el PP tiene muy interiorizado el discurso de Vox contra los menores extranjeros no acompañados, “a quienes tratan como si fueran delincuentes y no niños y niñas con la necesidad de estar con una familia”.
Aitana Mas denuncia que “existe una emergencia residencial para estas personas que tienen una vida ya suficiente difícil como para que la administración venga a tratarlos como apestados”. “Necesitan un lugar donde estar antes de ser integrados en una familia de acogida”, agrega.
Una situación similar se dio en Paterna (Valencia), cuando el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, suspendió la concesión de licencias asistenciales para la instalación de un centro de acogida en una urbanización de alto poder adquisitivo de la localidad, con los votos del PP y de Ciudadanos. Todo ello, al calor de las movilizaciones de la extrema derecha. El veto fue finalmente suspendido por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En el caso del centro de Torrevieja, la exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas considera que el veto anunciado por Mazón es “pura ideología”. “Por un lado quieren esconder a estas personas con una gran necesidad de afecto y atención y, por otro lado, asumen el discurso de la extrema derecha sobre los menores tutelados, el cual esconde racismo y la negación de los derechos humanos que tanto molestan a la extrema derecha”, critica Mas en referencia a la presencia de Vox en el Ejecutivo valenciano.