Los cartujos se apropian del monasterio valenciano de Portaceli, del siglo XIII, que les cedió Franco en 1946
La orden de los cartujos no quiere que los técnicos de la Diputación de Valencia entren en el monasterio de Portaceli para inspeccionar el patrimonio que hay en su interior y la propia estructura medieval porque lo consideran de su propiedad y no están sujetos a su jurisdicción, según una “donación” de Franco del 12 de noviembre de 1946. El prior del monasterio asegura que “no les afecta” la legislación patrimonial de la entidad provincial.
En la orden están convencidos de la propiedad del monasterio, que inmatricularon tras la cesión, pero el expediente de traspaso contradice, en parte, esta afirmación, máxime cuando se fijaron dos condicionantes que en caso de no cumplirse deberían provocar la reversión automática del monasterio y sus ricos terrenos adyacentes a la Diputación de Valencia, como recoge el expediente de la cesión que revela en exclusiva eldiario.es y que nunca había salido a la luz. Un documento de un alto valor histórico porque cuantifica el precio por el que el Estado compró la propiedad con dinero público a varios particulares en 1931, 3.675.741,13 pesetas.
Y es que el monasterio de Portaceli, situado en el término municipal de Serra (a veinte kilómetros de Valencia), perteneció a la orden de los cartujos desde su fundación en 1272 -cuarenta años después de la conquista de Valencia- hasta la desamortización de Mendizábal. La cartuja, así como los terrenos adyacentes, pasó a manos privadas en el siglo XIX hasta que en 1931, la Diputación de Valencia compró los terrenos para la construcción de un “sanatorio antituberculoso”.
Pasada la Guerra Civil y con la victoria del bando franquista, en 1944 se decide ceder el monasterio y los terrenos adyacentes y se inicia el trámite que se cierra el 12 de noviembre de 1946. Se cumple, por tanto, este noviembre el 75 aniversario de la operación. Una operación que impulsó y culminó Adolfo Rincón de Arellano como presidente de la Diputación de Valencia.
Desde la orden defienden a preguntas de eldiario.es que la escritura “deja claro” que se trata de “una donación” que, además, se inmatriculó a nombre de los cartujos. “Pagamos el IBI en el Ayuntamiento de Serra todos los años, más de 2.000 euros”, explican fuentes de la administración del monasterio. Por ello, entienden que son los únicos autorizados para hacer y disponer lo que consideren con los terrenos y los edificios. Es más, al ser una orden de clausura, no es posible visitar las instalaciones. También consideran que la Diputación de Valencia no puede realizar inspecciones sobre su patrimonio.
Y es ahí donde la escritura que hoy reproduce eldiario.es contradice esta actitud. La cesión está sujeta a dos condicionantes que, de no cumplirse, revierten la propiedad en la Diputación de Valencia. “La fórmula propuesta por la Diputación de Valencia para la enajenación o cesión de la cartuja dista mucho de ser una donación pura y simple y a título gratuito, sino que es una cesión condicional y en cierto modo onerosa”, reza el expediente. El primer condicionante es que solo la orden de los cartujos puede gestionar los terrenos -es decir, no se podría vender o ceder a otra orden-. El segundo, que el patrimonio debía ser restaurado en un período de 20 años -algo que se hizo- y que debe mantenerse y cuidar su patrimonio de manera permanente.
¿Pero cómo puede saber la Diputación de Valencia que las tareas de mantenimiento del patrimonio -de valor incalculable- se llevan a cabo si sus técnicos especialistas no pueden acceder a constatarlo? De esta manera es imposible saber si la orden de los cartujos están cumpliendo con una condición sine quan non para que puedan continuar con la cesión.
El diputado provincial José Ruiz Cervera, del PSPV-PSOE, es quien se ha interesado por la situación patrimonial de la cartuja de Portaceli, que se desconoce desde 1946 porque lo ocupa una orden que hace votos de clausura. La petición la realizó, porque la Diputación de Valencia está llevando a cabo una actualización de su inventario de bienes, que incluye necesariamente la revisión del estado de conservación de los edificios e instalaciones de su propiedad, cedidos o arrendados por la corporación.
Y es con la respuesta de la orden cuando han saltado las alarmas al considerar que la inspección de la Diputación de Valencia no puede constatar en qué situación de conservación se encuentra el patrimonio. Es imposible saberlo porque nadie ha entrado tras su cesión y posterior rehabilitación realizada por los monjes cartujos.
