El acuerdo de la puesta en marcha de las desaladoras ha llegado casi a la par que el anuncio del president de la Generalitat y candidato socialista, Ximo Puig, de convertir el Museu de les Ciències Príncipe Felipe en un centro internacional sobre el cambio climático. Una propuesta que llega tras un invierno de sequía “dramática y lamentable” y que está evidenciando los peores augurios para una Comunitat que depende de un recurso tan valioso y escaso como el agua. Puig ha reivindicado además la necesidad de tomar medidas “desde ya mismo” ante un proceso de desertización cada vez más palpable.
Precisamente en este sentido, afirma Manolo Aldeguer, Director General del Agua, la puesta en funcionamiento de las desaladoras sería un equivalente a lo que en su día supuso el trasvase Tajo-Segura en cuanto a garantía de suministros. “Sería incluso más importante, porque la llave de la planta la tendríamos nosotros y el agua que se puede obtener es infinita. Para una comunidad con problemas de abastecimiento de agua, las desaladoras suponen una inversión de futuro y una garantía de desarrollo económico”, explica Aldeguer.
La no aplicación al precio del agua de la amortización de costes y la amenaza inminente de las sanciones europeas –que exigiría la devolución de los 35 millones de euros invertidos de no ponerse en marcha las desaladoras antes del 31 de marzo- ha hecho posible el acuerdo entre los distintos Ayuntamientos y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Las cinco plantas -situadas en las localidades de Oropesa, Cabanes, Benicàssim, Xilxes y Moncofa- está previsto que comiencen a funcionar a partir de la semana que viene.
Según Aldeguer, desde Conselleria se ha venido haciendo una labor de mediación entre dichos Ayuntamientos y el Estado, que hiciese viable la puesta en marcha de las plantas. La negociación, explica, ha sido muy intensa, pero se ha podido llegar a un acuerdo porque una parte importante del precio del metro cúbico de agua resultante, al no aplicar los próximos años esta amortización de costes, tiene un precio mucho más razonable que no va a repercutir prácticamente nada en la factura.
El director afirma además que “no se puede permitir un desmantelamiento de las plantas desaladoras, porque garantizan que en un futuro las necesidades de abastecimiento y regadío puedan estar cubiertas” y ha señalado que “el agua es para nosotros un recurso vital, y, habiéndose ya hecho una inversión económica importante, es conveniente que las plantas se mantengan”.
Puesta en marcha “con prisas”
No obstante, desde Compromís, el senador Carles Mulet lamentaba la semana pasada la puesta en marcha “con prisas” de las desaladoras ante la inminencia de la fecha límite para eludir las sanciones de la Unión Europea. Según el senador, la puesta en marcha de las plantas no sería solución suficiente ante la escasez de agua que sufre la Comunitat y las medidas “deberían ser más amplias” y se podían “haber solucionado ya en la actual legislatura, algo que no han propiciado ni PP ni PSOE”.
Mulet también ha recordado otros proyectos estatales llevados a cabo por el Ejecutivo y que resultaron “desproporcionados ante una realidad ficticia, como era la destrucción de la costa que propició el PP y un crecimiento sin límite que cegó a unos ayuntamientos y políticos hasta que la realidad les estalló en la cara”.