Uno de los elementos en común que han atravesado durante la campaña electoral los discursos de aquellos a la derecha del espectro político valenciano, ha sido la oposición frontal a una política lingüística que consideraban punta de lanza del fantasma recurrente del pancatalanismo. La revalidación en los comicios municipales del próximo 26 de mayo de un nuevo gobierno de coalición en Castelló, permitiría una mayoría progresista que afianzase los avances, en materia de normalización lingüística, que el gobierno del Pacte del Grau ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años.
En ese sentido, la plataforma Castelló per la Llengua –formada por representantes de más de veinte colectivos- apuesta por la actualización de las propuestas en defensa de la igualdad lingüística en una nueva “Carta Lingüística de Castelló 2019”, un documento impulsado ya en 2015 y que ha servido como base para la política de normalización del Pacte. La plataforma ha invitado a todas las candidaturas participantes en los próximos comicios municipales a incorporar dichas propuestas a sus respectivos programas, comprometiéndose a adoptarlas en caso de formar gobierno.
El Pacte del Grau dejó la concejalía de Normalización Lingüística, dotada en 2015 con un presupuesto de 150 euros, a cargo de Compromís, con el ahora alcaldable Ingasi Garcia al frente, que elevó su presupuesto en torno a los 70.000 euros. Entre las medidas y programas que se han llevado a cabo durante estos últimos años para fomentar el uso del valenciano, encontramos la promoción del servicio gratuito de Voluntariat pel Valencià o la oferta gratuita de cursos de valenciano impartidos por Escola Valenciana. No obstante, la medida más polémica adoptada por el gobierno del Grau sería la adopción del topónimo único en valenciano para la ciudad de la Plana.
La medida, aprobada en pleno el pasado mes de marzo –y que contó con el visto bueno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua-, procuró munición durante meses a una oposición dispuesta a sacar el mayor rédito posible al conflicto catalán. La ahora alcaldable popular, Begoña Carrasco, achacaba por entonces la decisión a un supuesto contagio “de lo que está pasando en Cataluña”, debido a la proximidad territorial, y no dudó en señalar de independentista a “la mitad de nuestro gobierno municipal”.
Por el contrario, desde Castelló per la Llengua consideran que la medida supone “un beneficio colectivo”. La representante de la plataforma, Maria Nebot, ha expresado que “en la realidad multilingüe y multicultural actual de Castelló, el valenciano continúa en una situación de desigualdad; y los derechos de los valenciano parlantes no siempre son respetados”. Es por eso que desde la plataforma animan al futuro Consistorio a promover el uso social del valenciano “si queremos caminar hacia una igualdad lingüística efectiva”. La Carta Lingüística profundiza en este sentido y busca el compromiso de los partidos políticos para adherirse a la iniciativa, tal y como ya hiciera el Pacte del Grau.
A lo largo de dieciocho propuestas, centradas en siete ámbitos diferentes, la Carta aporta posibles vías de acción en materias que van desde la organización de la administración municipal a la polémica toponimia, pasando también por los medios de comunicación, educación o las fiestas. Entre algunas de estas propuestas, la plataforma aboga por incentivar con ayudas económicas a las empresas que utilicen el valenciano normativo en la elaboración de sus productos o promover de manera activa los medios locales que empleen el valenciano.
Para la portavoz de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, la lengua debería ser un elemento cultural con valor propio en la sociedad y cree que debería de situarse fuera del conflicto político. “Desde la plataforma no entendemos la lengua como un motivo de conflicto social o político, sino como un elemento de cohesión social. La propuesta la lanzamos a todos los partidos y entendemos que está dentro de la estrategia política de cada cual entenderlo como algo constructivo o no”, afirma Nebot.
En este sentido, apuestan por mantener una comisión formada por representantes del Ayuntamiento, los partidos firmantes de la Carta y por representantes de la sociedad civil, para llevar a cabo un seguimiento de los avances. Además, tal y como ya se hizo con las promesas del Pacte del Grau, la comisión podrá evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados, con el objetivo de replantearlo o mejorar la idea de cara al futuro.
El fantasma del pancatalanismo
Un resultado electoral favorable para los populares de Begoña Carrasco, la cual parece haber recuperado para el PP la simpatía del ex presidente Carlos Fabra –que había estado haciendo ojitos a Vox durante los últimos meses-, supondría un duro revés para un gobierno del Grau al que las encuestas no conceden una holgada mayoría. La mira de los populares, antes y durante la campaña, lleva meses posada sobre algunos de los avances en materia de normalización lingüística propiciados por el Pacte del Grau y que los populares consideran concesiones al pancatalanismo.
Si bien, tras el resultado de las Generales, Vox parece haber perdido su momentum, una entrada fuerte en el Ayuntamiento podría terminar por hacer caer la balanza del lado de un pacto a la andaluza. Para Ciudadanos, que hace cuatro años sí se apuntó a un programa de voluntariado lingüístico de Escola Valenciana, la normalización lingüística es ahora un objetivo a batir. En las Islas Baleares, el pasado mes de abril, la formación naranja daba su apoyo al envía de una carta a la Unesco para acabar con “la imposición lingüística” que “el independentismo catalán” impone en las islas.
Habrá que ver las consecuencias electorales que para la candidatura de Ciudadanos en Castelló tienen las guerras intestinas en las que llevan sumidos los últimos meses. Algunos componentes de la lista oficialista, los peores parados frente a una agrupación local que se ha hecho con el control, pedían esta semana a Rivera que no permita “uno de los mayores escándalos que se recuerdan en nuestra democracia en materia electoral: ”el cambiazo de Castellón“.