El juzgado de instrucción número 5 de Castelló ha abierto una causa contra el secretario general de la Cámara de Comercio de Castelló, A. J. R. , y su esposa, María Soledat Miravet, por los presuntos delitos de prevaricación y corrupción entre particulares. El proceso se admitió a trámite el pasado mes de febrero e incluso se fijó un primer calendario de declaraciones, a partir del 6 de marzo, que fue suspendido por el estallido de la crisis de la Covid-19. Por el momento no se han previsto nuevas fechas y tampoco se ha resuelto la petición de la Fiscalía de declaración de causa compleja y así aumentar la instrucción 18 meses más. Tal y como avanzó Eldiario.es, este litigio se inició con la denuncia que, el 27 de septiembre de 2019, interpuso ante la brigada provincial de policía judicial una trabajadora de la Cámara tras negarse, dos días antes, a firmar la adjudicación, por 150.000€, del servicio de asesoramiento jurídico, financiero, contable, fiscal y laboral a la mercantil Adade Castellón SL, cuyos administradores son A. J. R. y Miravet.
La empleada temió verse involucrada en un presunto ilícito por contravenir la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Tras sentirse presionada para validar la resolución, también denunció los hechos a la Agencia Valenciana Antifraude, que el 18 de octubre de 2019 le otorgó el estatuto de protección de la persona denunciante. Pese a ello, A. J. R., quien no ha atendido a las llamadas de Eldiario.es, dedicó buena parte del último pleno, el 28 de noviembre de 2019, a desacreditar a su denunciante, pero sin informar a sus miembros que el grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional ya le seguía la pista a él y a sus empresas. Esta situación se agudizó cuando, a principios de este año, el propios A. J. R. instruyó un expediente disciplinario contra la empleada, lo que ha conllevado su despido pese a encontrarse de baja por depresión, haber sido elegida delegada sindical el pasado 15 de enero y contar con la protección de la Agencia Antifraude. “Todo apunta a una represalia”, sostiene Javier Porcar, secretario general de la Federación de Servicios de CC.OO. en Castelló, sindicato que lleva la defensa de la denunciante contra un posible despido improcedente y que se dirimirá en el juzgado de primera instancia número 3 de la capital castellonense.
Un secretario controvertido
El paso de Jesús A. J. R. por la Cámara ha generado polémicas antes y después de su nombramiento definitivo como secretario el 23 de noviembre de 2017. Desde julio de 2016 había ejercido el cargo en funciones tras la marcha de su predecesora, María Jesús Arenós, con quien chocó por el control interno de la corporación, lo que derivó en el despido de una decena de trabajadores a través de un ERE y el cese del propia Arenós, que interpuso hasta cuatro demandas contra A. J. R., todas archivadas. Con el camino más despejado para el secretario, que había desembarcado en la cámara como asesor externo en julio de 2014 de mano de su presidenta, Dolores Guillamón, sus empresas empezaron a llevarse los mejores contratos. Desde julio de 2016, Adade Castellón SL y Jesús A. J. R. Abogados SL, han conseguido cuatro licitaciones valoradas en 348.500€.
Otro asunto controvertido es que A. J. R. pueda compaginar su cargo en la Cámara con la dedicación a sus empresas, un caso inédito en España, ya que ningún otro secretario trabaja a tiempo parcial. Algo posible gracias al permiso otorgado “por el menor volumen de negocio de la cámara”, según fuentes de la Conselleria de Economía Sostenible, organismo que tutela las diputaciones valencianas, que son corporaciones de derecho público con origen en el siglo XIX. La Administración supervisa el funcionamiento, pero son los propios empresarios a través del pleno quiénes escogen a sus órganos directivos. Para Natxo Costa, subsecretario de Economía Sostenible, “tutelar no significa gobernar”, por lo que la Cámara sería soberana “para contratar a quien quiera y a despedir según su criterio”, ya que sus dirigentes “no son altos cargos en aplicación de la ley de contratación pública”. Algo que contrasta, por ejemplo, con el hecho de que sea la Sindicatura de Cuentas la encargada última de fiscalizar las cámaras.
En todo caso, la situación de A. J. R., con el visto bueno de la conselleria, le permite trabajar tres horas diarias por 60.000€ anuales. Y completar la jornada laboral a través de sus empresas contratadas por la misma Cámara, a razón de una media de 72.000€ al año. Beneficios muy superiores a los de la secretaria de la Cámara de València, Ana Encabo, que percibe 103.061,7€, o a los del propio conseller, Rafael Climent, con 77.071,76€. Y todo ello a pesar de no ser necesaria la dedicación exclusiva de su secretario.
ERTE pese a tener beneficios
Otra cuestión que ha generado cierto malestar dentro de la Cámara es que el Comité Ejecutivo aprobara el pasado 23 de marzo un ERTE que dejó en casa por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción a 32 de los 42 trabajadores. Y todo ello pese que la Cámara sumó beneficios de 182.256€ y 366.467€ en 2018 y 2019, respectivamente. “Fue una negociación dura y nos opusimos en un principio”, señala Javier Porcar, de CC.OO., sindicato al cual pertenecen los tres delegados del comité de empresa. Según Porcar, las instalaciones de la cámara, por su amplitud, permiten trabajar a la distancia reglamentaria que exigen las medidas sanitarias, además de que el tipo de labores, muy informatizadas, también se pueden abordar con teletrabajo. Pese a ello, Porcar reconoce que la corporación fue incorporando trabajadores paulatinamente incluso antes de finalizar la última prórroga solicitada, a finales de junio. Está previsto que este asunto se aborde en el pleno de este martes, pero no así la situación procesal de su secretario general ni el despido de la trabajadora que lo denunció.
Nota
Jesús A. J. R. ha aclarado respecto a esta información:
“-El expediente de contratación A0919 relativo a servicios de asesoramiento financiero, laboral, fiscal, contable y jurídico fue licitado y publicado en la web de la Cámara de Comercio con fechca 13.09.2019, y como puede ver accediendo a dicha página, el plazo de presentación de ofertas finalizaba el 30 de septiembre de 2019, y desde el 25 de septiembre de 2019 la trabajadora denunciada se encontraba de baja laboral, por lo que resulta, inverosímil que se negara a firmar la adjudicación de dicho contrato, ya que no fue hasta el 27 de septiembre de 2019, que la mercantil Adade Castellón SL presentó su oferta de licitación. Dicha explicación fue clarificada por el Secretario de la Cámara en el Pleno del 28 de noviembre de 2019, donde asistió como invitado D. Sergi Tarín.
-Las denuncias anónimas de la empleada ante la Agencia Valenciana Antifraude se inician en abril de 2019, mucho tiempo antes de que con fecha 13.9.2029 se licitara el expediente de contratación A0919 relativo a servicios de asesoramiento financiero, laboral, fiscal, contable y jurídico. Por su parte, la denuncia ante la Policía Nacional es de fecha 27 de septiembre de 2019, anterior a la fecha de terminación del plazo para la presentación de ofertas en ese expediente de contratación, por lo que, resulta inverosímil que la emplWeada denunciante se pudiera sentir presionada para validar la resolución de adjudicación en un momento en el que la empleada denunciante estaba de baja por depresión, máxime que no fue hasta el 27 de septiembre de 2019 que Adade Castellón SL presentó su oferta de licitación.
-En el pleno de la Cámara de fecha 28 de noviembre de 2019, donde asistió personalmente Sergi Tarín, previa solicitud a la Cámara, el Secretario informó de las actuaciones policiales seguidas contra su persona como Secretario de la Cámara de Comercio.
-El Sr. A. J. R. Estall no instruyó, como instructor, expediente disciplinario alguno contra la empleada denunciante. Conforme con la normativa laboral y el convenio laboral aplicables, se apertura expediente disciplinario, y como máximo responsable de personal, el Sr. A. J. R., elaboró el pliego de cargos, el cual se remitió por la Corporación, y en su nombre la Presidenta. Este expediente concluyó con su despido disciplinario firmado por la Presidencia de la Cámara de Comercio, despido que ha sido impugnado por la empleada y tramita el Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón“.
-La Sra. Arenós interpuso varias demandas en ejercicio de despido improcedente, derechos fundamentales, reclamación de cantidad y modificación sustancial del contrato de trabajo, contra la Corporación, el Sr. A. J. R. Estall, y la Presidenta, las cuales fueron totalmente desestimadas.
-La anterior secretaria en funciones María Jesús Arenós fue cesada en su cargo, validado por el Pleno, y reintegrándola en sus antiguas funciones de técnico. Posteriormente resultó despedida, despido que fue declarado procedente por el Juzgado de lo Social, y tras recurso, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
-La empresa Adade Castellón, SL, presenta ofertas a los contratos licitados por la Cámara de Comercio desde el año 2014, siendo en algunos casos la única empresa concurrente, y tras el cumplimiento de la normativa de contratación de la Cámara y evaluación de sus ofertas, ha resultado adjudicataria.
-La mercantil Jesús A. J. R. Abogados, SL ha sido contratada para la defensa de la Cámara de Comercio, la Presidenta, el Secretario General, y Vocales en los procedimientos laborales instados por la Sra. Arenós, así como para la tramitación de ERE y en su caso la defensa judicial de los mismos.
-El Secretario General percibe, conforme con su contrato laboral, la cantidad de 60.000,00 € brutos anuales, con la obligación de presencia en la Cámara de 3 horas diarias, siendo su responsabilidad total y absoluta de toda la gestión de la entidad; por lo que al margen de dichas horas presenciales, su dedicación es considerablemente superior, siendo ello necesario para cubrir su responsabilidad.
-El ERTE aprobado por el Comité Ejecutivo con fecha 23/3/2020, es consecuencia de una previa negociación entre la Cámara y los representantes sindicales de los trabajadores, y tras el preceptivo periodo de consultas, petición y entrega de documentación, el expediente finalizó con acuerdo suscrito por todas las partes.
-La instrucción de la causa penal seguida contra el Secretario de la Cámara está paralizada por la situación actual de los Juzgados, no habiendo ni siquiera los denunciados prestado declaración en sede judicial.
-La primera denuncia ante Antifraude, de la empleada denunciante data del 22 de abril de 2019, habiendo sucedido posteriormente varias denuncias, las cuales concluyen con el informe provisional de fecha 14 de agosto de 2019, con la formulación de recomendaciones y sin imposición de sanción alguna. Posteriormente, la empleada denunciante presenta, con fecha 27 de septiembre de 2019, denuncia ante la Policía Nacional, y con fecha 15 de octubre de 2019, solicita a Antifraude le sea otorgado el estatuto de protección de persona denunciante, para lo cual acompañó la denuncia y su ampliación de fecha 3 de octubre de 2019.
-Las denuncias anónimas de la empleada ante la Agencia Valenciana Antifraude se inician en abril de 2019, mucho tiempo antes de que con fecha 13.9.2029 se licitara el expediente de contratación A0919 relativo a servicios de asesoramiento financiero, laboral, fiscal, contable y jurídico. Por lo que se refiere a la denuncia ante la Policía Nacional, la misma es de 28 de septiembre de 2019, anterior a la fecha de terminación del plazo para la presentación de ofertas en ese expediente de contratación, por lo que, resulta inverosímil que la empleada denunciante se pudiera sentir presionada para validar la resolución de adjudicación en un momento en el que la empleada denunciante estaba de baja laboral, máxime que no fue hasta el 27 de septiembre de 2019 que Adade Castellón SL presentó su oferta de licitación.“