Castor “hibernará” y se estudiarán sus repercusiones sísmicas
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha defendido este martes la decisión del Ejecutivo de “hibernar la instalación” del proyecto Castor, que se controlará de forma “exhaustiva”, mientras se realizan los estudios geográficos y geológicos para despejar dudas de que pueda ser causa de terremotos.
Moragues ha añadido que se está revisando la resolución de la concesión para el almacén de gas Castor, la exigencia de reclamaciones y “todas las aristas de esta instalación tan sensible y compleja”, con el objetivo prioritario de “preservar la seguridad de los vecinos de las costas de Castellón”.
Según se conocía este lunes, Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento cuando puedan existir riesgos.
Así lo ha asegurado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU Lourdes Ciurò el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Aeropuerto de Castellón
Por otra parte, Moragues, preguntado por la inyección de 12 millones de euros al aeropuerto de Castellón dos meses antes de las elecciones por parte del Gobierno valenciano del que formaba parte como conseller de Hacienda, según una información que hoy publica el diario Levante-EMV, lo ha justificado como “una ampliación de capital que se hizo en muchas empresas del sector público”.
Y ha añadido que este ingreso tenía con finalidad pagar toda la deuda a los proveedores contraída en años anteriores, “atender compromisos y obligaciones” y pagar los gastos de mantenimiento y conservación del aeropuerto para “regularizar” así su situación.
El exconseller ha destacado que en la anterior legislatura la Comunitat Valenciana “se situó a la cabeza de la reestructuración económica del sector público empresarial y fundacional”, con un ahorro de 3.264 millones de euros, y ha pedido al actual Consell que continúe con esta reestructuración.
