Según la instrucción emitida por la Subdelegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores presenta unas características especiales que lo relacionarían con el nivel cuatro de alerta antiterrorista y por ello se prohíbe a los manifestantes situarse a menos de cincuenta metros de la puerta azul del recinto. Para el Gobierno, alejar a los manifestantes de dicha puerta, una de las salidas de emergencia del recinto, “resulta de imperiosa necesidad” con el fin de mantener dicho acceso libre y los emplaza a un mínimo de 50 metros del complejo.
Para la plataforma CIEs NO, que convoca las concentraciones, la argumentación de la Subdelegación no se sostiene, ya que ninguna de las situaciones que plantea es nueva. “La puerta azul ha sido siempre una salida de emergencia, llevamos ya más de dos años en alerta cuatro antiterrorista, el Complejo de Zapadores siempre ha sido un complejo policial con las mismas características y sin embargo el Gobierno nunca había actuado como ahora”, aseguran desde la plataforma.
El nivel antiterrorista consiste en una serie de directrices permanentes de ámbito preventivo que el Gobierno aplica a nivel nacional y que se traduce en un recrudecimiento de las medidas de protección en ciertas infraestructuras. Desde la plataforma afirman que entienden el aumento de protección del centro, pero que no deja de ser una estrategia del Gobierno para acallar las protestas.
“El Gobierno utiliza esa alerta cuatro para prohibirnos ahora manifestarnos frente al centro, llevamos bastante tiempo en este nivel de alerta y nunca nos habían puesto esta excusa. La utilizan porque es un argumento que puede parecer que tiene sentido, pero al final lo que están intentando es recortarnos derechos y limitar la capacidad de trabajo de nuestra campaña”, afirman desde CIEs NO.
Si bien estas concentraciones llevan produciéndose desde hace tiempo, las protestas se recrudecieron a raíz de la muerte violenta de un inmigrante de nacionalidad marroquí en el centro el pasado mes de julio. El joven fue hallado muerto tras ser puesto en aislamiento después de participar en una pelea entre grupos y, pese a que la investigación sigue en curso, se apuntó a un supuesto suicido.
La plataforma señala ese momento como el punto de recrudecimiento de la situación y mantiene que el Gobierno se debería centrar en una mayor vigilancia por la protección, así como asegurar el cumplimiento de los derechos humanos dentro del CIE y no en tratar de acallar la campaña en protesta por una muerte y la situación en el centro. Los miembros de CIEs NO relacionan la situación, además, con la restricción del horario de entrada que aseguran que les trataron de imponer en verano a raíz de una supuesta falta de personal.
Para la plataforma, desde el Gobierno “están intentando restringir los derechos que la campaña ya tenía bastante asegurada, como eran las concentraciones y las entradas al CIE. Estas excusas son cosas al final que no tienen nada que ver, que dispongan de menos efectivos en verano no significa que durante ese tiempo los internos tengan menos derechos de ser atendidos”.
“A nivel mediático, si consiguen deslegitimar la campaña, las denuncias y reivindicaciones que hagamos no tendrán tanto efecto. Van a intentar criminalizarnos y deslegitimarnos. Los meses anteriores nos hemos manifestado sin que se produjese ninguna instrucción desde Subdelegación, ni en relación a la alerta antiterroristas ni a la salida de emergencia. ¿Lo que están diciendo es que los anteriores gobiernos no han tenido ningún tipo de preocupación por la alerta antiterroista? Lo veas por donde lo veas, no tiene mucho sentido”, concluye el portavoz.