El pasado martes, 1 de agosto, el ministro de Industria, Álvaro Nadal, anunciaba que el Gobierno rechazaba la petición de prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), propiedad de Iberdrola y desconectada desde diciembre de 2012. Garoña es una planta de primera generación (construida en 1966 y puesta en funcionamiento en 1971), gemela de la japonesa de Fukushima, que requería de unas inversiones de más de 200 millones de euros para poder volverse a conectar.
La eléctrica también es propietaria de la central de Cofrentes, otra nuclear en funcionamiento de la que se está pidiendo desde determinados sectores su clausura. Sin embargo, la planta valenciana es mucho más joven, ya que entró en funcionamiento en 1984, trece años después que la instalación burgalesa.
Desde colectivos como 'Tanquem Cofrents' recuerdan que la planta, ubicada a 63 kilómetros de Valencia, caducó en 2011 y advierten que cada año extra de funcionamiento resulta “más peligrosa”, aparte de los residuos radioactivos que se generan y que “quedarán como herencia maldita a las generaciones futuras, ya que serán peligrosos durante miles de años”. Por razones como éstas, desde el colectivo ciudadano exigen el cierre y desmantelamiento de la central en marzo de 2021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento -la empresa dispone hasta marzo de 2020 para solicitar la prolongación de su vida útil-.
PSPV, Compromís y Podemos también presentaron una Proposición No de Ley (PNL) en las Corts en esta misma línea, al igual que hicieron Unidos Podemos y Compromís en el Congreso.
Un tercio de la energía valenciana
El director de la central, Tomás Lozano, comparecía el pasado mes de julio ante las Corts Valencianes para defender la necesidad de esta instalación, “una de las más importantes de España” que en 2016 generó el 34% de la demanda energética actual de la Comunitat Valenciana y el 3,6% de la demanda eléctrica estatal (9.540 millones de kilovatios hora).
Lozano defendió el impacto económico de la instalación -con 750 empleos directos y 800 indirectos-, así como que produce energía eléctrica libre de emisiones de efecto invernadero, evitando la emisión de 6,5 millones de toneladas de CO.
Almacén Temporal Centralizado
Iberdrola solicitó el pasado año permiso para construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC), “una solución transitoria para almacenar el combustible gastado”, una instalación que precisamente comenzaría a operar en 2021, cuando está previsto que se llene la piscina donde va a parar el uranio utilizado para enfriar el reactor. Este almacén es, según Lozano, independiente de la posible continuidad de la central nuclear y necesaria en cumplimiento de la estrategia de gestión de residuos radioactivos.
El emplazamiento seleccionado para el ATC en la planta de Cofrentes cuenta con todas las garantías de seguridad, y estará situado a 46 metros por encima del nivel normal del río Júcar, y a 30 metros por encima de los límites de inundabilidad definidos por la administración en la Comunitat Valenciana.
Quedan siete reactores operativos actualmente en España: además de Cofrentes, Almaraz I y II, Ascó I y II, Trillo y Vandellós II.