Los concejales del PP en Valencia imputados por el caso Taula -nueve de 10- no deberán dejar sus cargos por el acuerdo entre Ciudadanos y Mariano Rajoy para intentar lograr la reelección de éste como presidente del Gobierno.
El acuerdo establece la separación inmediata de sus responsabilidades de los cargos investigados por corrupción, pero sólo de aquellos con responsabilidades de ámbito estatal, según un dirigente de Ciudadanos en Asturias. Diputados autonómicos -el PP tiene uno, antes edil, salpicado por Taula- y concejales -los nueve ya aludidos de Valencia- quedarían al margen de la medida pactada para regenerar la vida política.
Todos ellos están imputados por un supuesto delito de blanqueo al haber participado en la trama presuntamente urdida para financiar ilegalmente al partido. El PP les abrió expediente y suspendió de militancia, aunque, ocho meses después del estallido del caso, aún no ha tomado otras medidas. Por ejemplo, la expulsión.
Los ediles, mientras, se aferran a sus cargos pese a la presión recibida en su día del partido. Su posición no ha cambiado. Rita Barberá, ahora senadora y por tanto aforada, está pendiente de que el Tribunal Supremo decida su eventual imputación. En su caso, al ocupar un cargo en una institución estatal, si debería dejar su escaño. Las mordidas en el caso Taula pueden alcanzar los 20 millones de euros.
Ciudadanos no aclara el alcance de sus requisitos
Este lunes, Inés Arrimadas ha sido preguntada al respecto pero no ha respondido sobre el alcance de la condición que impuso su partido. “Nosotros somos los únicos que hemos conseguido que el PP firme eso”, ha dicho en el programa Al Rojo Vivo para defender la importancia del Pacto Anticorrupción.
Arrimadas ha añadido que “si el PP no cumple, se acabó el apoyo de Ciudadanos”, en el caso en el que los imputados por corrupción no dejen su cargo. La política catalana no ha concretado, sin embargo, si este punto solo se refiere a los responsables a nivel nacional.