Comité de Empresa y PP de Barberá pactaron que los prejubilados de la EMT trabajaran la mitad saltándose la ley
Los gerentes y presidentes de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del gobierno de derechas de Rita Barberá pastelearon con el Comité de Empresa un regalo para sus prejubilados que se saltaba la ley.
La empresa pública ocultó a la Tesorería General de la Seguridad Social que los trabajadores que se jubilaban a los 61 años trabajaran 65 días hasta los 65 años en lugar de los 131 -el 15 % del total- que marca la normativa y a los que están obligados por ley los demás trabajadores. ¿A cambio de qué se ofreció esta bicoca?
La dirección de la nueva EMT tras el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de València, liderada por el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi y el gerente de la empresa, Josep Enric García, han detectado esta presunta irregularidad y la han puesto en manos de la Agencia Antifraude por si fuera constitutiva de delitos, que ni García ni Grezzi se han atrevido a tipificar.
El presunto trato de favor podría afectar a un millar de prejubilados que se habrían beneficiado de este pacto de silencio que conculca la normativa laboral.
Pero la situación es aún más grave, puesto que la situación se habría ocultado a la Tesorería General de la Seguridad Social en el convenio colectivo y, además, habría sido la empresa pública la que corriera con los gastos de perdonar la mitad del trabajo de la prejubilación a los empleados que cumplían los 61 años.
Una práctica que se mantuvo en los años de la crisis pese a que el PP de Rita Barberá quiso despedir a más de 200 trabajadores.
Según han explicado Grezzi y García en una rueda de prensa, a partir de los 61 años, los trabajadores de la EMT se habrían acogido a una jubilación parcial, con una reducción de jornada del 85%, según las condiciones más ventajosas previstas por la ley, lo que en el caso de esta empresa se traduciría en 131 días de trabajo.
Sin embargo, han revelado que desde 2001 se llegó a un acuerdo entre la gerencia y los representantes de los sindicatos, alcanzado en el marco de la negociación colectiva, según el cual los empleados en esta situación trabajaron 65 días, aunque oficialmente se comunicaban a la Seguridad Social y abonaban los 131.
En la denuncia presentada ante la Agencia Antifraude se indica que aunque el acuerdo estaba previsto por escrito para los años 2001, 2002 y 2003 y se conocía que era “ilegal”, se ha mantenido hasta ahora, cuando durante la negociación del nuevo convenio colectivo, los actuales responsables de la EMT se han dado cuenta de esta ilegalidad y la han eliminado.
Tanto la Inspección de Trabajo como la Sindicatura de Comptes y el servicio de personal municipal han acreditado que una reducción de jornada por debajo del 15% es ilegal, según Grezzi y García.
Los nuevos dirigentes han destacado que estos hechos ocurrieron bajo la presidencia de la EMT de Jorge Bellver (actual diputado del PP en Les Corts) y se mantuvieron con Alfonso Novo y Alberto Mendoza (que siguen como concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de València), ambos imputados en el caso Taula.
Este pacto de silencio, no habría sido posible sin el acuerdo del Comité de Empresa, donde CCOO y UGT han mantenido la mayoría desde que se pactó.
“Ni aquella gerencia ni las posteriores rectificaron su actuación pese a las continuadas advertencias de la Inspección de Trabajo, la Sindicatura de Cuentas y el Ministerio sobre el carácter público de la gestión de la EMT”, ha afirmado Grezzi
Grezzi ha informado de que con el nuevo convenio los trabajadores podrán acogerse a esta jubilación en las condiciones más ventajosas pero siempre dentro de la legalidad, y así se le ha comunicado ya al primer empleado que ha hecho uso de este derecho.
La dirección de la EMT ha trasladado toda esta información a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana para que determine su alcance.
“Aplicamos la tolerancia cero contra la corrupción”, ha asegurado Grezzi, quien ha afirmado que esperarán a conocer el informe de la Agencia para determinar qué ha pasado y el coste que haya podido tener esta “deficiente gestión” por parte de los anteriores gobiernos locales del PP.
