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Compromís lleva a Antifraude el contrato de casi un millón adjudicado a una firma participada por un alto cargo de Mazón

El diputado y portavoz de Sanidad en las Corts Valencianes, Carles Esteve.

Lucas Marco

20 de octubre de 2023 13:24 h

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Compromís ha decidido denunciar ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, el contrato de casi un millón de euros adjudicado por una fundación pública a la empresa Mysphera SL, de la que es accionista el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanitat, Bernardo Valdivieso. La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana (Incliva), tal como ha informado elDiario.es, ha otorgado el contrato de 953.724 euros, el mayor que ha obtenido la empresa de la administración autonómica valenciana, a la empresa de la que el alto cargo posee acciones por un importe de 71.289 euros, según su declaración de bienes.

El portavoz de Sanidad de Compromís en las Corts Valencianes, Carles Esteve, destaca el procedimiento de contratación restringido por parte del Incliva, que “aumenta las sospechas de un trato de favor”.

 “Ha sido llegar al poder el Gobierno de PP y Vox y una empresa del sector sanitario como Mysphera SL, que los últimos años obtenía contratos de cuantías muy menores, desde que Valdivieso forma parte del organigrama de dirección de la conselleria desde hace tres meses, ha obtenido ya dos adjudicaciones públicas, una de ellas la de 950.000€ para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial”, explica el parlamentario.

“Creemos que es necesario que la Agencia Antifraude investigue las posibles irregularidades en este procedimiento”, agrega. La firma también obtuvo el pasado 11 de octubre un contrato del Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV), por un importe de 64.000 euros. Tanto en la fundación pública como en el CHGUV, el alto cargo figura vinculado a sus respectivos órganos de Gobierno (en el Incvliva como vocal y en el hospital provincial como consejero designado por el titular de la cartera de Sanitat, el popular Marciano Gómez).

Carles Esteve también ha registrado en la cámara autonómica una petición de comparecencia de Valdivieso, además de una batería de peticiones de documentación “para tener acceso a todos los escritos, pliegos y actas” sobre las adjudicaciones a la empresa de la que el secretario autonómico es accionista.

La Conselleria de Sanitat considera, por su parte, que la participación de Bernardo Valdivieso en la empresa, que representa el 0,89% del accionariado de la mercantil, no incumple la normativa de incompatibilidades.

Hacienda descartó el riesgo de conflicto de interés

Fuentes del Incliva consideran que se ha cumplido “a rajatabla” el procedimiento de contratación de “forma transparente”. “A lo largo de todo el proceso se han respetado los principios de libertad de publicidad, transparencia, no discriminación, competencia e igualdad de trato, estando todos los documentos referidos a la licitación publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público”, agregan las mismas fuentes.

La autorización previa del gasto por parte de la Junta de Gobierno del Incliva se realizó el pasado 31 de marzo, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Así, el pliego técnico de la licitación se remonta al 18 de julio, ocho días antes del nombramiento de Bernardo Valdivieso como secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanitat.

En el procedimiento de contratación, centralizado a través del Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) de la Generalitat Valenciana, fueron invitadas 34 empresas y, una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, sólo se presentó Mysphera SL.

El pasado 6 de septiembre, la fundación consultó con Minerva, la plataforma que regula los riesgos de conflicto de interés por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Al día siguiente, la AEAT emitió un informe que no detectó riesgo de conflicto de interés.

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