La Generalitat multa con un millón a la concesionaria de la CV-35, el único peaje en sombra valenciano, y la obliga a iniciar las obras de ampliación

Una multa de un millón de euros de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas impuesta en febrero de 2017 ha forzado a la consesionaria de la autovía CV-35, la única vía gestionada como un peaje en sombre en toda la Comunitat Valenciana, ha motivado que Autovía del Turia Concesionaria Generalitat Valenciana SA haya iniciado las obras de la Fase II de esta infraestructura. La filial del grupo Sacyr tenía que haber finalizado estas intervenciones para mejorar el tráfico el 31 de diciembre de 2016, pero propuso cambiar el contrato y no desarrollarlas “porque no se dan los niveles de servicio necesarios”, según revela en su informe de gestión de 2017.

Las obras que han comenzado recientemente en la vía que enlaza Valencia con el Camp de Túria y Els Serrans suponen la construcción del tercer carril entre La Pobla de Vallbona y Llíria y la duplicación de la calzada entre Casinos y Losa del Obispo con una inversión de más de 33 millones de euros que corren a cargo de la concesionaria.

El proyecto tiene 18 meses para su ejecución y se enmarca dentro del plan de la autovía que pactó el Consell del PP en el año 2005. La concesionaria ampliaba la antigua pista de Ademuz con un coste de más de 170 millones de euros y se encargaba de su mantenimiento hasta 2041. A cambio, la Generalitat paga según el número de vehículos que pasan por los tramos gestionados, más de 39.800 coches al día y 1.800 camiones en 2018.

A la CV-35 se le incluye también en el contrato la variante norte de Benaguasil de la CV-50, la autovía que se proyectó como el segundo by-pass de València que rodeaba el área metropolitana de València entre Sagunto y Sueca. La crisis acabó con esta idea que ha dejado un tramo inconexo entre los términos de la Pobla de Vallbona y Vilamarxant.

La Generalitat abonó en 2017 un total de 13.382.615 euros por el paso de los vehículos ese año, lo que permitió a la concesionaria cubrir costes y obtener unos beneficios de 1,8 millones de euros. En 2017, según la empresa, la Conselleria de Obras Públicas incrementó un 1,6% las tarifas que paga a la concesionaria, lo que unido a un incremento del tráfico de casi el 2% respecto al año anterior por la mejora económica supuso un millón más de ingresos respecto al año anterior.

Desencuentro con la conselleria

En marzo de 2016, la concesionaria presentó a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vetebración del Territorio, que dirigía María José Salvador, un escrito donde realizaba una propuesta de modificación de contrato de la concesión en el que pedía que las obras de la Fase II fuesen excluidas definitivamente de su objeto “para salvaguardar el interés público y el cumplimiento de la normativa vigente”. La empresa aseguraba tener su propuesta avalada con informes “técnicos independientes”.

La conselleria de Salvador rechazó esta propuesta y en agosto de 2016 la concesionaria presentó un escrito en el que solicitaba un aplazamiento para la puesta en servicio de las obras de la Fase II “en tanto no se den los niveles de servicio necesarios”. La empresa, además, recurrió al contencioso-administrativo la decisión de Obras Públicas de no permitir el cambio en el contrato.

La concesionaria siguió, según su informe de gestión, aportando documentación sobre el tráfico en los tramos que debe ampliar. En febrero de 2017, la conselleria multó con 1,1 millones a Autovía del Turia Concesionaria Generalitat Valenciana SA, montante que tras un acuerdo redujo a 1.080.000 euros. La multa también ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia. Ese mismo año, el departamento de Salvador aumentó un 1,6% las tarifas que paga por el paso de los vehículos.

Las obras de la Fase II están en marcha desde hace varias semanas.

La concesionaria también tiene abiertos otros procesos para las liquidaciones de los pagos de la Generalitat, es decir, las divergencias que hay entre lo que quiere pagar la administración y lo que quiere cobrar la empresa. Un procedimiento muy habitual en este tipo de contratos con la administración.