El Consell cree “indecente” no prestar atención sanitaria a los inmigrantes irregulares
La consellera de Sanidad, Carmen Montón ha señalado este jueves que “es indecente no prestar atención sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular” en respuesta a las advertencias lanzadas por el secretario general de Sanidad del ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, relacionadas con la universalización de la atención sanitaria aprobada por la Comunitat Valenciana.
En opinión de Montón, “plantear esta cuestión en términos burocráticos, cuando estamos hablando de la salud y de la vida de las personas es inmoral. Estamos hablando de un derecho sanitario básico en favor de la salud individual y de la comunidad”, al tiempo que instaba al Gobierno a derogar el decreto 16/2012 de exclusión sanitaria “que no tiene otra razón de ser que seguir un modelo ideológico de discriminación, exclusión y desigualdad”.
La consellera ha exigido a Moreno que no amenace con supuestas consecuencias catastróficas sobre posibles multas de la UE, “para multas, la impuesta por la UE por valor de 19 millones de euros por las facturas en el cajón de Sanidad que ocultaron repetidamente los Gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana”.
Carmen Montón ha recordado también que el Consejo de Europa juzgó ilegal en enero de 2014 la decisión de excluir de la atención sanitaria normalizada a las personas migrantes. En un informe, este organismo destacó, según la consellera, que “la crisis no puede servir como pretexto para negar la sanidad”.
La relatora especial sobre derechos humanos de la ONU también criticó la medida del Gobierno, que consideró “inaceptable” la decisión, y añadió “ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, según el comunicado remitido por la Generalitat.
Consecuencias “catastróficas”
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha advertido este jueves a las comunidades autónomas que están devolviendo la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares —como es el caso de la Comunitat Valenciana— porque puede tener “consecuencias catastróficas” como multas diarias millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos europeos.
Según ha dicho Morerno, España volvería a la situación previa de la reforma sanitaria y, asegura, eso implicaría que “cada día que pasa de incumplimiento es una multa millonaria, paralizar todos los fondos europeos que recibe España, y asumir la tesis del dictamen motivado, que significa que cualquier ciudadano europeo que venga aquí tenga o no seguro le tienes que dar tarjeta sanitaria, según cómo esté escrita la norma”.
A juicio de Moreno, si las comunidades autónomas devuelven la tarjeta sanitaria a los irregulares, también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región tras tres meses de residencia y que no paguen el seguro en su país de origen, “imagínate tratar a los pacientes europeos y que en lugar de asumir los costes el país de origen lo haga la Comunidad Autónoma que le toque”.
Además, ha indicado que, tal y como ocurre siempre que las comunidades aprueban normas propias, están siendo estudiadas por parte de la Abogacía del Estado. Ha explicado que medidas como las adoptadas en la Comunitat Valenciana, Baleares o Cantabria para atender a los inmigrantes en situación irregular “probablemente pudieran estar vulnerando las competencias” que constitucionalmente son del Estado aunque ha aclarado que hay que estudiarlas.
