El Consell Rector de À Punt acuerda realizar una ampliación de capital para evitar desequilibrios al final de año

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) prepara ya su primera ampliación de capital. El órgano que controla los medios de comunicación públicos autonómicos ha decidido iniciar el procedimiento para “compensar” las deudas internas entre la CVMC y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, la empresa propiamente dicha con la que opera À Punt.

El objetivo, según el comunicado del órgano, es remediar una de las excepciones que puso de manifiesto la auditoria realizada a la empresa pública respecto a las cuentas de 2018. La auditoria independiente contratada registraba pérdidas en la sociedad por valor de 750.000 euros. En el comunicado, la empresa pública asegura que se encuentra en una situación de equilibrio patrimonial y que la ampliación de capital se realiza como prevención para “evitar un posible desequilibrio contable al finalizar el ejercicio”.

El órgano rector también ha aprobado la modificación presupuestaria necesaria para incrementar las transferencias corrientes de la CVMC a la sociedad para reequilibrar los presupuestos de las dos entidades. “Esta modificación no supone en ningún caso un incremento de las transferencias que se reciben de la Generalitat ni un incremento en el presupuesto del grupo”, aclara el consejo.

La Corporació dio luz verde a sus cuentas del ejercicio anterior con un mes de retraso respecto a lo indicado para sociedades mercantiles. La tardanza se debía precisamente a las discrepancias entre empresa pública y Generalitat por una partida de nueve millones de euros que la Corporació y la Societat se habían traspasado entre sí.

La delicada situación de las cuentas de la radiotelevisión pública parte de 40 millones de euros presupuestados y comprometidos que no llegaron a ingresarse en 2017. De cara al futuro, la Corporació incluyó el pasado mes la creación de un fondo de reserva donde poder mantener el presupuesto no ejecutado de un año con previsión de pagar deudas del siguiente, con un máximo del 10% del gasto anual.

En el mismo orden del día se ha aprobado poner fin al procedimiento evaluador de la directora general y poner en marcha una serie de acciones para “mejorar la gestión”, que no ha detallado.