Cotino pretende tumbar la causa por la visita del Papa con la estrategia que salvó al PP valenciano del caso Nóos
En el caso Nóos, que acabó con la condena a cárcel del yerno del rey emérito, tenían tantos gestores públicos valencianos acusados como de les Illes Balears. Los políticos y altos cargos de las instituciones de las islas acabaron todos condenados mientras que los cinco del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat fueron absueltos. ¿Cuál fue la diferencia? El tribunal que los juzgó consideró que la Fundación Turismo Valencia era un entidad privada, por lo que tenía capacidad para contratar sin controles públicos, y que los pagos de Cacsa al Instituto Nóos se hicieron por convenio, lo que justificó que no se hicieran por concurso.
La exitosa estrategia que siguió el exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau, en la Fundación Turismo Valencia es la que ahora quiere seguir el que fuera conseller del Gobierno valenciano y exdirector general de la policía, Juan Cotino, en la causa en la que está investigado por el gasto de dinero público en la visita del Papa a Valencia en 2006.
En su declaración de este martes ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, el expolítico ha entregado un informe pericial en el que intenta demostrar que la Fundación V Encuentro de las Familias es privada, por lo que las contrataciones no estaban sujetas el derecho público.
La Fundación V Encuentro de las Familias fue montada por el Arzobispado de Valencia, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia. Después de los actos de 2006 se tenía que haber liquidado pero las deudas lo impidieron.
En 2010 y ante los impagos que estaba generando -entre ellos el pago del alquiler de 7.000 urinarios-, el Gobierno de Francisco Camps inyectó dos millones de euros. Cuatro años después y ya con Alberto Fabra la administración autonómica abonó otros 1,3 millones de euros y el arzobispado 1,2 para con lo que se pudo liquidar ocho años después.
En total, esta entidad gastó 17 millones de euros en la organización de los tres días que el Papa Benedicto XVI estuvo en Valencia. A este dinero hay que sumar el gasto en pantallas gigantes que abonó Canal 9 y que montó la trama Gürtel a través de una constructora del empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri.
En su informe, presentado en el juzgado antes de su declaración y firmado por el abogado del Estado en excedencia Javier Gómez-Ferrer Senent, se defiende que la entidad “no pertenece al sector público autonómico”. “No existen razones para sostener la existencia de un control efectivo de la fundación por parte de la administración autonómica”, apunta el informe, en referencia a las contrataciones que realizó. Además, añade, después de 2007 la entidad “ya no tenía actividad contractual” por lo que los ingresos públicos posteriores no se habría gastado de manera irregular.
Entre otras cuestiones, en esta causa se investigan supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración, al parecer cometidos al no respetar las normas generales de contratación sin concurso ni concurrencia pública. En la causa también está imputado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero.
