“No hay datos de acoso en la Guardia Civil porque para la Guardia Civil no existe el acoso”

“No hay datos de acoso en la Guardia Civil porque para la Guardia Civil no existe el acoso. El 77% de los expedientes son archivados”. Ni en la Policía Nacional. “No hay estadísticas de acoso sexual”, denuncian sus representantes. En el caso del Ejército, sí existe un Observatorio de la Vida Militar, que recoge que en el Tribunal Militar entre 2004 y 2015 se tramitaron 174 denuncias por acoso en las Fuerzas Armadas, de las que 12 acabaron en condena por acoso sexual. Todas de hombres hacia mujeres. En 2017, recoge el informe, en el ámbito penal militar se iniciaron 16 procedimientos y en el ámbito disciplinario 26.

Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen protocolos para evitar el acoso y determinan cómo proceder ante estos casos, pero son “insuficientes” y “están obsoletos”. La valoración es compartida por las representantes y portavoces de Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y el Sindicato Unificado de Policías (SUP), que se han unido en una plataforma de mujeres para la visibilización, junto a las representantes de la federación de servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras.

La plataforma de mujeres policías y militares para la visibilización se constituyó el pasado mes de octubre y se ha presentado este martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia en un acto al que ha asistido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Su objetivo, según las representantes, es que haya más mujeres en los cuerpos -no llegan al 14%, salvo en los Mossos, que rondan el 20%-, medidas de conciliación, que se actualicen los protocolos y se elabore un plan de igualdad en cada uno de ellos. “Queremos llegar al 50%”, señalaba Teresa Franco, portavoz de esta asociación de mujeres del Ejército, quién pedía medidas para incentivar la entrada de las mujeres y discriminación positiva en los cuerpos de seguridad estatales.

Uno de los aspectos con más repercusión de sus demandas en cuanto a la perspectiva de género afecta al desarrollo del trabajo básico. Se trata de los uniformes. Hasta 2017, en el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no había presupuestado una partida de chalecos adaptados al cuerpo femenino. “La gente que trabaja necesita ir en su talla para que su vida no corra peligro al salvar la de los demás”, denunciaba Alicia Sánchez Álvarez, portavoz de las mujeres del instituto armado. Precisamente ella se enfrentó a penas de prisión por negarse a utilizar un chaleco antibalas oficial y recurrir a uno propio que se adaptaba mejor a su figura. “Reclamamos un plan de igualdad y perspectiva de género en los presupuestos. Muchas hemos sido sancionadas por querer lo mismo que nuestro compañero”, añadía.

“Necesitamos estudios de impacto de género para desarrollar políticas de igualdad”, reclamaba Teresa Franco, representante de las Fuerzas Armadas, quien ha explicado que esta primavera transmitirán sus demandas a los grupos políticos que se presenten a las elecciones europeas y nacionales. Por su parte, Marisa Estévez, secretaria de Igualdad del SUP, animaba a las compañeras que han sufrido acoso a denunciarlo: “la violencia de género -en la Policía Nacional- siempre está oculta, no sale. Nos encargamos de la seguridad, pero podemos ser víctimas como cualquier mujer”, señalaba. “Queremos que se actúe contra el acosador. A menudo, acosador y víctima siguen trabajando juntos, lo mínimo es separarlos hasta que se celebre el juicio. La víctima se encuentra desprotegida, es humillada por sus compañeros y tiene dificultades para abandonar su puesto”, narraba la portavoz policial.

En el caso de la Guardia Civil y el Ejército, estas denuncias se tramitan por la vía administrativa y por la penal militar. A los acusados los juzga un mando inmediatamente superior, que puede tener ciertas simpatías o ninguna sensibilidad hacia la denunciante, reconocían algunas asistentes en privado. Al acudir a la vía penal ordinaria esta se inhibe en favor de la militar, aunque las víctimas pueden recurrir.

Oídas las reivindicaciones de las portavoces, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, les ha ofrecido una reunión para trabajar en protocolos de asistencia en la red de oficinas de las víctimas de atención del delito. “Creo que tenemos una amplia responsabilidad para que no quede en la invisibilidad, para que ellas no tengan como único recurso asistir a los propios servicios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que puedan contar con los servicios públicos que hemos puesto al servicio de la ciudadanía, de las personas más vulnerables, como son las víctimas del delito”, declaraba la consellera. “Queremos trabajar con ellas”, ha sentenciado.