Defender la fraternidad y la pluralidad

Desde la aplicación del 155 y la asunción explícita por parte de Felipe VI del argumentario del PP, estamos viendo cómo el bloque PP-PSOE-C’S, arremolinado en torno al eje del nacionalismo español y denominándose a sí mismo bloque “constitucionalista”, está empeñado en que la crisis territorial que sufre el Estado español se cierre a través del retroceso y la involución democrática.

Como ocurre en todas las naciones-estado del mundo, el nacionalismo mayoritario nunca se considera nacionalismo a sí mismo, sino que considera de este modo sólo a los nacionalismos periféricos de las naciones sin Estado. Así, hoy el nacionalismo reaccionario del bloque monárquico, sobre todo en los últimos meses, se escuda en la Constitución del 78 y recurre a los “acuerdos inmaculados” de la Transición, para evitar llamarse a sí mismo nacionalismo español.

PP, PSOE y C’s representan un constitucionalismo impostado, que establece la inmutabilidad de los acuerdos de la Transición y el orden constitucional de forma interesada, pero después se pone de acuerdo para modificar la Constitución de la noche a la mañana y sin contar con la ciudadanía, como ocurrió con la reforma del artículo 135.

En contra de cualquier atisbo de apertura o regeneración, en los últimos años el Nacionalismo español ha apostado por una recentralización del Estado y una reversión de las competencias cedidas a las autonomías.

Durante los últimos gobiernos de Mariano Rajoy y la aplicación de la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución española, bajo la excusa de la austeridad y el control de gasto, se ha eliminado de facto la autonomía de comunidades autónomas y ayuntamientos para elaborar sus presupuestos y gestionar sus competencias sin el control estricto de Madrid.

Esto ha llevado, además, a una crisis de financiación en multitud de entidades locales y autonómicas, que ya contaban con menos recursos que los que les corresponden en relación a sus competencias y el número de habitantes.

Este ha sido el caso del País Valencià, que el pasado 18 de noviembre se manifestó masivamente en las calles por un modelo de financiación más justo y transparente.

La crisis de financiación también ha sido una cuestión decisiva en el aumento de la voluntad soberanista en Catalunya. Las restricciones presupuestarias, materializadas en recortes en los servicios públicos básicos, han sido identificadas por el bloque independentista como un ataque de la Nación española a la gente de Catalunya.

Por ello, el punto de inicio de una reforma territorial no puede ser el 155, como quiere el PSOE. Y es que la reforma constitucional cerrada por arriba que plantea el PSOE -entendemos que en clave federal- no satisfará las peticiones de soberanía en tanto en cuanto nuevamente se imponga una decisión desde Madrid al conjunto de naciones del Estado, sin preguntar a cada una de las personas que las conforman qué es lo que quieren para su futuro.

La propuesta de Podemos, concretada en la campaña “construyendo un país de países”, supone la superación de esta relación de subalternidad. Para nosotras, la plurinacionalidad es una apuesta estratégica. En nuestra defensa a ultranza de la democracia y los derechos humanos, defendemos el derecho a decidir de los pueblos, pues entendemos que no es posible imaginar algo más democrático que el hecho de que un pueblo pueda decidir libremente sobre su futuro y sus vidas. Es ahí donde hacemos hincapié, en el derecho a decidir sobre nuestras vidas, que se extiende más allá de lo territorial. Es ahí donde las reivindicaciones de soberanía ligan con las reivindicaciones sociales.

Si hemos de aprender algo de todo este proceso histórico es que la “cuestión nacional” en el Estado español no se va a resolver hasta que desaparezca la subalternidad que existe entre voluntades nacionales y la Nación española reconozca al resto de naciones que conviven con ella en este territorio en igualdad de condiciones.

Esto pasa necesariamente por el reconocimiento del derecho a decidir de todos los pueblos que conviven en el Estado español. Será el momento entonces de hablar de Estado federal, confederal, etc. a través de diferentes procesos constituyentes. No tenemos miedo a hablar de soberanías compartidas y de reconocimientos compartidos. Pero el debate de estas cuestiones debe enmarcarse en una serie de procesos ciudadanos y constituyentes abiertos, inclusivos y que cuenten con todas las partes, poniendo el foco en los derechos sociales, una vez reconocido el derecho a decidir. Una vez reconocido este derecho y sólo entonces, será posible un debate en igualdad de condiciones en el que las diferentes naciones de la Península Ibérica puedan decidir la relación que quieren tener entre ellas y con Europa.

Por ello, frente a los que pretenden imponer soluciones por arriba, en sus despachos, debemos plantear con claridad que la solución a este -y en general a la mayoría de problemas de la actualidad- pasa por escuchar a la gente, por dar el protagonismo a las clases populares. Solo así podremos cerrar de una vez este proceso histórico en beneficio de la mayoría de la sociedad y no sólo de las élites minoritarias.

*Vicenta Jiménez, senadora de Podem de Alicante

Víctor Alarcón, concejal de Elda