Desestimadas las denuncias y querellas contra el Gobierno valenciano por permitir actos masivos antes del estado de alarma

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la inadmisión de las denuncias y querellas presentadas contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la gestión de la pandemia de Covid-19, al no apreciar indicios de delito en la actuación de ambos aforados.

El alto tribunal valenciano ha adoptado esta decisión en dos autos, en el marco de los dos procedimientos en los que se habían acumulado estas acciones penales.

El primero de ellos está relacionado con la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y diversos actos falleros, festivos y culturales previos a la declaración del estado de alarma. El segundo se centra en la falta de medidas de protección para los profesionales sanitarios.

En ambos casos, la Sala aplica el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su auto del pasado 18 de diciembre respecto de las denuncias y querellas interpuestas contra miembros del Gobierno de España.

Así, en la primera de las causas, derivada de tres denuncias y/o querellas por la autorización de actos multitudinarios antes de la declaración del estado de alarma, el auto del TSJCV, que archiva las actuaciones, señala que los hechos atribuidos a las personas aforadas “resultan insuficientes presentando un alto grado de generalidad” y carecen “de la necesaria concreción para la integración en los tipos penales” denunciados.

De este modo, aunque los denunciantes y querellantes “puedan discrepar de las acciones y, fundamentalmente, de las omisiones que atribuyen a las autoridades querelladas en la gestión e incidencias derivadas de la pandemia” o bien puedan reclamar una mayor agilidad en la adopción de medidas, los hechos “no son constitutivos de los delitos mencionados”, añade la resolución.

El segundo de los autos, dictado en la causa donde se acumulan dos querellas –una del sindicato CESM y otra de la viuda de un médico fallecido por COVID-19- y la exposición razonada de un juzgado de Castellón por la falta de equipos de protección para los sanitarios, establece igualmente la ausencia de indicios de delito que permitan incoar un procedimiento penal contra la consellera de Sanidad.

En este caso, los magistrados admiten que la narración de la querella interpuesta por la esposa del facultativo fallecido “sin duda sobrecoge”, aunque no determina “las conductas presuntamente delictivas que se atribuyen a la persona aforada”.

“Ni la prevalente posición de la aforada en la estructura jerárquica de la Administración autonómica, ni la objetiva constatación de la infracción de un deber legal, pueden ser suficientes para precipitar la incoación de un proceso penal ante esta Sala”, puntualiza.

En esta segunda causa, el alto tribunal valenciano acuerda no admitir a trámite las querellas, en tanto que declara su falta de competencia para enjuiciar los hechos relatados en la exposición razonada del juzgado de Castellón.