La auditoría forense de Divalterra para fiscalizar los años de Marcos Benavent -el autodenominado yonki del dinero- al frente de Imelsa, denominación anterior de la empresa de la Diputación de Valencia, debe descubrir las irregularidades y pufos generados en aquella época y servir a la nueva Corporación provincial, y al fiscal y al juez instructor del caso Taula, para hacer justicia. La empresa pública se ha gastado 135.994,25 euros en ese trabajo que ha realizado la consultora Grant Thornton.
Este contrato y por esa cuantía de casi 136.000 euros debía haberse licitado mediante un concurso público abierto en el que pudieran participar todas las empresas que lo desearan y que tuvieran capacidad para realizar el trabajo. Pero la realidad es que los nuevos gestores de Imelsa del PSPV y Compromís optaron por trocear la auditoría forense en dos contratos. El primero y definitivo para elegir al ganador se hizo, además, de una manera manifiestamente irregular a través de un contrato menor.
Y es que la auditoría forense sobre el año 2014 se adjudicó el 6 de octubre de 2015 con José Ramón Tíller de gerente a la empresa Grant Thornton a través de un contrato menor y por 53.350 euros. El proceso es cuanto menos llamativo -e irregular- puesto que para realizar un contrato menor en 2015, que no se publicita y se da de manera discrecional, la cantidad máxima nunca podía superar los 18.000 euros más IVA, ahora el límite es todavía más bajo.
Pero no fue la única contingencia. Según la información publicada en el portal de transparencia de Divalterra, el gasto inicial del primer contrato iba a ser de 50.000 euros, pero acabó costando los 53.350 euros, un incremento tampoco permitido en el procedimiento de los contratos menores.
El jefe del departamento jurídico de Divalterra, José Luis Vera, explica que la información depositada en la web de transparencia es correcta y que el contrato menor se hizo por 50.000 euros y se acabaron pagando más de 53.000 euros. Según Vera, el incremento de gasto se realizó “por imprevistos” y “porque hubo que hacer una actuación mayor”.
Además, afirma, se optó por Grant Thornton porque los nuevos gestores buscaban una consultora que nunca hubiera trabajado para Imelsa. Además, el anterior auditor, la multinacional PriceWaterhouseCoopers no detectó en las auditorías anuales ninguna irregularidad en los años en que el 'yonki del dinero' y su séquito saquearon la empresa pública. Por ese motivo se prescindió de sus servicios.
Añade el jefe del departamento jurídico que se decidió hacer dos contratos para un mismo cometido porque necesitaban de manera urgente cerrar las cuentas de 2014 y no podían investigar las cuentas de 2007 a 2013 porque las estaba fiscalizando la Agencia Tributaria. “Decidimos esperar a que Hacienda acabara su investigación”, en referencia al segundo contrato para la auditoría forense que se adjudicó el 13 de julio del año 2016.
En este caso, para licitar la auditoría forense de 2007 a 2013 sí que se realizó un procedimiento competitivo, negociado sin publicidad. El gerente era Víctor Sahuquillo. El nuevo proceso no sirvió para rebajar el coste del servicio porque la licitación fue por 82.644,62 euros sin IVA y se adjudicó por la misma cuantía sin una mínima rebaja. Grant Thornton fue la ganadora del concurso, que ya había recibido a dedo meses antes por la fiscalización del ejercicio 2014.
La consultora reconoce en su propuesta de servicios profesionales para este concurso a la que ha tenido acceso eldiario.es: “el 6 de octubre de 2015, fuimos contratados por Imelsa (hoy Divalterra) para que llevásemos a cabo un análisis forense de características similares al alcance que desarrollamos en esta propuesta”. Es decir, era el mismo trabajo pero de diferentes años.
Llamativo es también en este caso que realizar una auditoría forense del ejercicio 2014 costara más de 53.000 euros y que Divalterra abonara casi 83.000 euros por evaluar de la misma manera siete ejercicios.
Estas contrataciones han sido denunciadas a la Agencia Valenciana Antifraude que ha empezado el análisis de la documentación.