El 15 de Mayo de 2011 las calles de múltiples ciudades españolas comenzaron a llenarse de manifestantes congregados bajo el lema “lo llaman democracia y no lo es”, un grito que se convertiría en máxima del movimiento 15M y que cuestionaba el funcionamiento democrático de las instituciones españolas pero que no llegó a plantear, en aquel momento, una crítica directa al funcionamiento de la Unión Europea.
Conseguir elevar el reproche a este segundo nivel no era, ni es, nada fácil. En el imaginario de una buena parte de las mayorías sociales de este país, y a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, la Unión Europea sigue siendo un club al que se debe pertenecer. Los años de creación del mito de la Europa de la paz, del progreso, la democracia y de la modernidad han dado como fruto la construcción y calado de un relato común difícil de mover. Además, la narrativa de la UE como espacio de democracia en confrontación con la dictadura anterior ha sido alimentada por las instituciones españolas y europeas. Aun hoy, la propaganda institucional, de dudoso rigor histórico (y estético), lanzada para conmemorar los 30 años de pertenencia del Estado español a la UE, señala lo siguiente: “Detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas se adivinaban las ansias de un país por superar un pasado autoritario”. Incluso es posible encontrar entre las webs oficiales dirigidas a alentar el europeísmo entre la población española afirmaciones como esta: “Europa se reconstruye y en España la dictadura se abre a un nuevo gobierno que decide poner un pie en Europa. En 1962 Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, envía una carta al presidente del Consejo de la CEE solicitando la asociación de España”, con una curiosa interpretación de nuestra historia.
A golpe de propaganda y de fondo estructural se ha conseguido que, aun a pesar de la Troika y de sus políticas de austeridad, un 75% de las y los españoles (once puntos más que entre el conjunto de los europeos) dice sentirse ciudadano de la UE, aunque no se sepa a ciencia cierta qué implica esta ciudadanía. De hecho, el 51% de las y los encuestados afirma no conocer los derechos derivados de nuestra pertenencia en la UE y, como ya se ha señalado en anteriores entradas de este blog, el 73% afirma tener un escaso o nulo nivel de información sobre los asuntos europeos.Tal vez por eso, cuando se profundiza con preguntas concretas, la mayoría de las personas afirman no estar satisfechas con el funcionamiento democrático, ni en España (el 60%) ni en la UE (el 52%).
Pese a estos porcentajes, la apertura de un debate público acerca de las carencias democráticas de la UE se ha mantenido mayoritariamente en ámbitos académicos críticos o políticamente minoritarios, donde el déficit democrático de la Unión Europea en sus procesos de toma de decisiones ha sido –junto con las carencias sociales– una afirmación recurrente, fundamentada en diversas razones de entre las que pueden resaltarse cuatro.
En primer lugar, la limitación de los poderes del Parlamento Europeo, que carece de capacidad de iniciativa legislativa (la tiene la Comisión Europea) y que se ve apartado de decisiones fundamentales como las relativas a las medidas de gobernanza económica. Es cierto que en la actualidad el Parlamento tiene mayores poderes para controlar a la Comisión (por ejemplo, la Eurocámara debe aprobar y puede destituir a la Comisión y elegir al candidato a presidente), pero también lo es que, en lo que se refiere al poder regulador, la Comisión Europea, que es la institución más alejada de la ciudadanía de la UE, sigue teniendo un rol protagónico.
El segundo punto negro en las dinámicas de la UE respecto de los procedimientos democráticos, son las llamadas “medidas de gobernanza económica” mediante las que la Comisión y el Consejo de la UE están marcando los procesos de reformas estructurales en los Estados miembros, atando de pies y manos a los parlamentos estatales en connivencia con los gobiernos de determinados países. Estas reformas, nunca está de más recordarlo, han significado en múltiples ocasiones un recorte grave de derechos de las mayorías sociales, tal y como ha reconocido el propio Banco Central Europeo que en uno de sus últimos informes señalaba, respecto de las reformas laborales derivadas de las Recomendaciones por País de la Comisión Europea, que el objetivo de estas reformas ha sido la rebaja salarial y “la reducción de la protección en materia laboral”.
El tercer cuestionamiento a las dinámicas democráticas de toma de decisiones se inserta en la puesta en marcha del llamado “REFIT” (Programa de Mejora de la Legislación) basado en la idea de hacer el Derecho «más ligero, más simple y menos costoso». Se trata de un mecanismo impulsado en 2012 por la Comisión Barroso y reforzado por la actual Comisión europea presidida por Juncker con el objetivo de luchar contra los «obstáculos administrativos» (la denominada Red Tape). Según lo define la Comisión, el REFIT tiene como objetivo la simplificación de la legislación de la UE y la reducción de la carga administrativa, mediante la aplicación de análisis de impacto coste-beneficio y la inclusión en el procedimiento de representantes de las empresas, sociedad civil y actores sociales que elevan su parecer a la Comisión, la cual, no olvidemos, es la única con capacidad de iniciativa legislativa en la UE. El REFIT ha recibido numerosas críticas, sobre todo tras la publicación de sus resultados de 2014. Se ha señalado la clara voluntad desreguladora del mecanismo que estaba retrasando y obstruyendo el desarrollo de las regulaciones y fortaleciendo el test de competitividad para las normas de la UE. Como señala un informe del Corporate Europe Observatory, la Comisión, siguiendo las indicaciones del programa, descartó la proposición de algunas iniciativas relativas a la salud y seguridad en trabajo, la protección del suelo o el acceso a la justicia ambiental, por sus elevados «costes». Por su parte, los sindicatos europeos han denunciado los peligros que esta aproximación a la legislación basada en la eficiencia económica supone para todas aquellas normas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores o a fomentar el diálogo social, en concreto el sindicato inglés tuc acusó a la Comisión de seguir una agenda de desregulación sin justificar de ningún modo los beneficios de la misma, y criticó su recurrente propagación de la tesis de la «sobre-regulación» concretada en la asunción de que cualquier barrera administrativa constituye un obstáculo burocrático innecesario, aun cuando su objetivo sea la protección de derechos laborales, sanitarios o medioambientales.
La cuarta amenaza para los modelos de democracia representativa en el ámbito nacional deriva de la negociación y firma de tratados bilaterales de nueva generación por la UE con terceros Estados. Los afortunadamente ya conocidos TTIP y CETA son una prueba de ello, puesto que en ambos se ha perfeccionado, sobre todo en el primero, la llamada Cooperación Reguladora que constituye en realidad el corazón y núcleo fundamental de los dos acuerdos. Según afirma la Comisión Europea, el mecanismo de Cooperación Reguladora permitirá compatibilizar las reglamentaciones de la UE y de los EEUU y reducirá los costes de los intercambios comerciales a través del Atlántico, dado que “las empresas pueden evitar una serie de costes innecesarios que se derivan del desarrollo y la fabricación de dos series distintas de productos para su venta a ambos lados del Atlántico”. Podría ser así, es cierto que una homogenización de regulaciones técnicas respecto a la fabricación de determinados bienes facilitaría el comercio, pero ¿qué efectos puede llegar a tener la generalización de un mecanismo cuyo objetivo es equiparar las exigencias normativas (la protección de derechos) existentes en ambos lados del Atlántico?
Son muchas las voces que se alzan ya para criticar la Cooperación Reguladora afirmando que la consecuencia de la misma va a ser la desregulación y la reducción de derechos sociales, sanitarios y medioambientales, así como la limitación de la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y del legislador europeo. Para evaluar el impacto del mecanismo podemos enumerar las consecuencias que pueden derivarse de la puesta en marcha del mecanismo de la Cooperación Reguladora en el TTIP y el CETA, concretándolas en las siguientes: priorización del análisis del impacto económico comercial de las normas sobre sus objetivos sociales o medioambientales; reforzamiento del papel de los “agentes de la sociedad civil”, donde juegan un papel preferente los lobbies, en el proceso de conformación de las normas; posible lanzamiento de una carrera a la baja de las normativas de ambos lados del Atlántico; obligación a los terceros países de aceptar los estándares impuestos por un bloque comercial de la envergadura del que aspira el acuerdo.
Además de todo lo anterior, no podemos perder de vista las implicaciones en términos democráticos y constitucionales que supone un mecanismo mediante el cual se persigue “corregir” o “guiar”al poder legislativo y alterar el principio de atribución competencial que rige las relaciones UE-Estados miembros. En otros términos, la soberanía del poder legislativo (en sus distintos niveles y expresiones) y la legitimidad democrática de las normas jurídicas aparecen como cuestiones ineludiblemente vulneradas por un posible establecimiento de mecanismos de cooperación reguladora transatlánticos. De hecho, incluso en los distintos informes sobre cooperación reguladora encargados por la Comisión ha reconocido que tales mecanismos entrañan de manera inevitable una limitación de la respectiva capacidad reguladora. Además, la introducción de mecanismos de cooperación reguladora permanente permitiría a las partes negociadoras postergar los acuerdos sobre cuestiones controvertidas, que en estos momentos están ralentizando la negociación y aprobación del TTIP y que podrían ser negociadas con posterioridad en el marco de los mecanismos de cooperación reguladora, consiguiendo un efecto de “living agreement”
Como puede observarse, los tres puntos del déficit democrático que venía arrastrando la UE y que hemos señalado en los párrafos anteriores se concentran y potencian con este mecanismo introducido en los tratados comerciales, que va a ejercer una presión considerable sobre la UE para que modifique su normativa a la baja. Así, una vez más, la Unión Europea, y sus Estados miembros, se empeña en caminar en sentido contrario a lo que necesitan, y exigen, las mayorías sociales. Pero los tiempos están cambiando y tras del 26J puede que haya un gobierno que, atendiendo a las necesidades de las y los ciudadanos como prioridad, paralice las negociaciones del TTIP y la firma del CETA y sea capaz de plantar cara a la Troika y a las políticas antisociales de la UE. Eso todavía está en nuestra mano.
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