El Gobierno valenciano contratará a entre tres y siete consultoras privadas para que averigüen en qué partidas de la Sanidad pública se puede ahorrar. Su labor será aplicar criterios empresariales a la gestión de los hospitales y centros de salud. Las empresas cobrarán más cuanto más ahorro consigan, y desarrollarán su trabajo durante al menos dos años. Cada gerente de cada departamento sanitario tendrá “empotrada” una de estas empresas, que le propondrán constantemente maneras de recortar el gasto. La decisión final de aplicar estas medidas o no será del directivo de la sanidad pública y no del asesor. El modelo fue presentado este viernes por los portavoces del ejecutivo autonómico y fue bautizado como de “gestión compartida”.
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, delega así su principal obligación -la de gestionar los recursos públicos con eficiencia- en empresas privadas, a las que pagará con dinero público por ello. El objetivo es aplicar “herramientas empresariales” a la Sanidad pública para ahorrar 106 millones de euros. El político dijo una y otra vez, durante más de una hora de rueda de prensa, que los recortes no afectarán a la calidad de la sanidad, y que los ciudadanos “no notarán nada”. Esto pese a que a los gastos actuales habrá que sumar el dinero que cobrarán estas empresas por su trabajo.
Un modelo que “no toca la bata blanca”
El conseller presumió de que este modelo “no toca la asistencia sanitaria ni la bata blanca”. Rosado explicó que los ciudadanos seguirán teniendo una “sanidad pública, universal, gratuita y de calidad” pero, además, será “sostenible”. Afirmó que los profesionales sanitarios seguirán dependiendo directamente de la Administración, y no de una empresa privada. El anuncio supone una rectificación encubierta del Gobierno valenciano, que el pasado mes de abril anunció que reagruparía los servicios sanitarios privatizados en un número reducido de empresas, y que las compañías adjudicatarias de ello pagarían un canon millonario (de 360 millones) a la administración. El conseller reconoció ayer que finalmente ninguna empresa pagará canon alguno. Así las cosas, el Ejecutivo no sólo se quedará sin cobrar un euro, sino que acabará pagando pague a las compañías elegidas para que le ayuden a mejorar su gestión.
El perfil de las empresas que busca el Gobierno valenciano para cumplir este papel gestor es el de compañías con “ingenieros de procesos”. Es decir, profesionales “capaces de identificar dónde se puede ahorrar”, y cómo conseguirlo. El conseller reconoció que en la Sanidad pública “tenemos ingenieros que saben hacerlo”, pero “no tienen las herramientas”, en concreto, añadió, “no tienen el tiempo” para analizar todo el sistema público en detalle. A las empresas contratadas no se les pedirá que tengan relación alguna con el ámbito sanitario. Podrán ser “una consultora, constructora, que se dedique a la alimentación o financiera”, detalló Rosado.
Centralizar servicios para ahorrar
Otra de las “herramientas empresariales” para ahorrar será la de pagar incentivos a los médicos que reduzcan su gasto por paciente. Según el conseller, las consultoras privadas establecerán objetivos de ahorro concretos que se aplicarán a zonas determinadas. Los profesionales que cumplan estos objetivos serán premiados. Rosado, sin embargo, evitó detallar en qué aspectos concretos pueden ahorrar dinero los médicos. Preguntado por si a los profesionales se les sugerirá realizar menos pruebas diagnósticas o recetar medicamentos genéricos, se limitó a poner el ejemplo de que a los médicos que gasten más de la media por cada enfermo se les premiará por acercarse a la media. “Se trata de mejorar la variabilidad. Todos podemos tratar una enfermedad de una forma muy eficiente y otras veces menos eficiente, matar una mosca con un cañonazo o con un matamoscas”, dijo.
Esta medida es la más llamativa, pero no es la única del plan de ahorro presentado ayer por el Gobierno valenciano. El conseller también anunció que se dividirá el territorio en siete zonas sanitarias. En cada una de ellas, se contratará a una sola empresa para cada sector de actividad. Es decir, que una sola compañía gestionará las actividades externalizadas (seguridad, limpieza, lavandería, ambulancias, etc.) de un grupo de hospitales, de forma que se ahorrarán costes.Algo parecido sucederá en logística: se creará un único contrato para cada provincia. En total, el Ejecutivo autonómico prometió este viernes ahorrar 1.745 millones de euros en los próximos diez años.
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