No hay nada peor que estar gobernados por gente irresponsable. Los irresponsables no tienen capacidad para enjuiciar sus propios actos y, en el mejor de los casos, solo responden a estímulos externos y, obviamente, superiores. En política, los irresponsables se caracterizan porque solo asumen las consecuencias de sus comportamientos cuando un juez le dice, por escrito, que lo que han hecho no es legal.
El País Valenciano parece, en estos momentos, un campo de pruebas sobre irresponsabilidad política. Con una decena de diputados del grupo parlamentario del PP en Les Corts imputados (ahora ya nueve después de que uno de ellos, Pedro Hernández Mateo, haya acabado condenado), la pasada semana se vivió un “experimento” especialmente original: el Consell de la Generalitat presidido por Alberto Fabra devolvió a su puesto a Dora Ibars, que había sido destituida en octubre como directora general de Promoción Institucional por estar imputada en el “caso Gürtel”. Pasados menos de dos meses, el juez ha archivado la cuestión y Fabra ha desandado el camino e Ibars retorna a su alto cargo.
El hecho no tiene precedentes y, se mire por donde se mire, no se aguanta. Un político, cuando se ve implicado en una investigación judicial, debe dar por propia iniciativa la cara en público y ofrecer todas las explicaciones que se le reclamen; papeles, datos, pruebas... La relación del ciudadano con su representante o su administrador, en democracia, está basada en la confianza. Por tanto, el político debe disipar todas las dudas que puedan aparecer; y si, pese a sus esfuerzos, no puede aclararlas, es entonces cuando debe dimitir. Llegados a este punto, si pasado un tiempo el juez acaba evidenciando que el afectado/a está libre de toda culpa, se puede plantear su vuelta al cargo.
Pero si de lo que estamos hablando no es de una dimisión sino de una destitución, la cosa cambia. Y si, además, no se han dado explicaciones de ningún tipo, no hay vuelta atrás. No puede ser que la continuidad de un político quede simplemente al albur de lo que considere un juez. La responsabilidad política no solo tiene que ver con la ley; el límite de la democracia no es la legalidad sino el compromiso adquirido con el votante (con todos), el juego limpio y la posibilidad de dar cumplida cuenta de toda reclamación que se le haga. Dejarlo todo en manos del juez es empobrecer mucho la actividad política y, de hecho, confunde la separación de poderes. Si todo se resuelve en el juzgado, la cuestión ya no está en lo que se ha hecho o de ha dejado de hacer sino en si te pillan o no te pillan, y eso no puede ser así.
De todas formas, en el caso de Dora Ibars, y más allá de cuestiones de sentido político, hay aspectos que tienen que ver con algo más prosaico como es el sentido del ridículo. En su día, el gobierno de la Generalitat, por boca de su vicepresidente y portavoz, José Ciscar, desvinculo la destitución de Ibars de su imputación judicial. En concreto, Císcar dijo que “había cumplido una etapa [...] había completado un ciclo [...] se trata de una renovación, como se han producido otras tantas en este gobierno”. En cambio, ahora la recuperan cuando se archiva su caso y se justifica diciendo que no hay dudas sobre ella. Si no se la destituía por su imputación, ¿por qué se la recupera ahora? ¿En qué quedamos? ¿Tan poco respeto se tiene por la inteligencia de las personas?
El comportamiento de Alberto Fabra y los suyos es propio de un gobierno que ha perdido el norte, que vive del día a día y que no ve más allá de la siguiente rueda de prensa. Si con una cosa tan sencilla no aciertan, ¿qué se puede esperar de ellos en todo lo demás? ¿Cómo es posible tanta improvisación? ¿No contaban con la posibilidad de que se archivara la causa? Impresionante. Pero hay más, ¿qué piensan hacer si Dora Ibars vuelve a ser imputada por las causas que el mismo juez apunta en el auto de archivo? La falta de sentido político es grave pero no tener sentido el ridículo es todavía peor. Cuando se carece de ambos... pasa lo que nos pasa.
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