Cuatro exaltos cargos de la Generalitat serán juzgados por contratar a Urdangarín
El juez del caso Nóos ha decidido llevar a juicio a cuatro exaltos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción al beneficiar con 3,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. El fiscal Pedro Horrach pide penas de 6 a 8 años de prisión para los supuestos responsables de la ramificación valenciana del asunto: el exsecretario de Turismo de la comunidad Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia José Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela; y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado.
Para Lobón, Vela y Maldonado pide 8 años de cárcel (6 por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con los delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público y 2 por fraude a la administración), así como 15 de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para Aguilar reclama una condena de 6 años (4 años por malversación en concurso con prevaricación y 2 por fraude), 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según el fiscal, Urdangarin coincidió en un acto público con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y le comentó los proyectos del Instituto Nóos. Posteriormente concertó citas con la alcaldesa y con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de ellos tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004.
Semanas después, ambos representantes políticos aceptaron la propuesta de celebrar foros de turismo y deporte, los Valencia Summit, “en atención básicamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del Rey” y ordenaron a sus respectivos subordinados que la recibieran y analizaran para determinar si era factible legalmente.
Los distintos responsables valencianos optaron por la fórmula del convenio de colaboración “elegida para orillar deliberadamente la Ley de Contratos de la Administración Pública” (LCAP) para obviar la realización de un concurso público y el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, y poder beneficiar directamente al Instituto Nóos, indica el fiscal.
Según ha revelado la instrucción, no se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó la solvencia del Instituto Nóos, no se encargó informe jurídico sobre la legalidad del procedimiento de contratación elegido ni se cotejaron precios.
Eligieron la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) para firmar los convenios para evitar controles previos de fiscalización y limitaciones presupuestarias, asegura Horrach.
El convenio en la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb), Cacsa y el Instituto Nóos, de septiembre de 2004, daba cobertura administrativa formal al acuerdo verbal y los representantes políticos “se concertaron para eludir dolosamente la aplicación de la LCAP y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos”, indica. El vicealcalde de Valencia, para que el PSPV pedía 11 años de prisión, ha quedado finalmente exculpado.
Valencia Summit
El primer Valencia Summit fue en octubre de 2004 y costó 1.044.000 euros. El fiscal ha calculado los gastos imputables al foro por parte del Instituto Nóos, en 194.436 euros, por lo que la cantidad de la que presuntamente se apropiaron los responsables de la entidad asciende a 849.563,19 euros.
En octubre de 2005 se firma un segundo convenio de colaboración para otro Valencia Summit, con las mismas irregularidades, por otros 1.044.000 euros y además obtuvieron patrocinios privados. El fiscal estima que los gastos imputables a Nóos son de 375.672,71 euros. Calcula que se apropiaron de 1.158.512 euros.
Para la tercera edición del Valencia Summit, el convenio es de mayo de 2006, por otros 1.044.000 euros. Restados los gastos, el fiscal considera que los responsables de Nóos se apropiaron de 868.365,09 euros.
El fiscal detalla que en abril de 2007, dado que la Sindicatura de Cuentas de Valencia había puesto de manifiesto la falta de justificación de la contratación de 2004, Vela ordenó a Maldonado que elaborase un informe técnico de justificación para incorporarlo al evento de 2006. Fue redactado en abril de 2007, pero con fecha de un año antes.
Además, en 2005 el entonces presidente Camps aprobó que se realizara la candidatura valenciana a los Juegos Europeos según se la propusieron Urdangarin, Torres y un empresario, sostiene Horrach. Tras el acuerdo verbal, se firmó el convenio. El Instituto Nóos ingresó 382.203,7 euros de la Generalitat Valenciana en 2006, por el proyecto de candidatura a celebrar los Juegos Europeos.
La Generalitat rechazó facturas por 1.983.479,27 euros presentadas por el Instituto Nóos por no estar justificada la realización del servicio objeto de las mismas y por simulación de servicios mediante facturas falsas, indicó el ministerio público.
