Un exdirectivo de la firma pública de 'Taula' dice que no se puede “acreditar ningún servicio” del 'call center' amañado

“No había forma de acreditar absolutamente ningún servicio”. Así de tajante se ha mostrado José Luis Castellote, exdirector financiero de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia, sobre la facturación de la empresa Servimun, adjudicataria del 'call center' presuntamente amañado. El testigo, durante el juicio ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia por la pieza separada D del 'caso Taula', ha cuestionado las facturas que presentó la empresa.

Castellote, uno de los denunciantes del 'caso Alquería', ha relatado durante el interrogatorio del fiscal anticorrupción que tras una “ardua” inspección de la Agencia Tributaria, “no había forma de acreditar absolutamente ningún servicio”. “No es que hayamos encontrado documentación, es que no se había prestado el servicio”, ha apostillado. 

El representante del Ministerio Público, Pablo Ponce, le ha preguntado al testigo cómo fue posible que el jefe de servicio de Administración Tributaria de la Diputación de Valencia certificara en marzo del 2014 la realización del servicio cuando la factura se había presentado nueve meses después. “No lo sé”, ha contestado José Luís Castellote, quien ha señalado que únicamente figuraba un informe que sostenía que el servicio se prestó pero no el de necesidad, el albarán o la existencia de crédito.

El actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha relatado que tras la caída de Alfonso Rus como presidente de la institución provincial en las elecciones del 2015, entró como vicepresidente y delegado del área de Hacienda y se topó con las encomiendas de gestión que heredaba la empresa pública Imelsa, entre ellas la del 'call center'. “Imelsa tenía bastantes encomiendas arrastradas de la legislatura anterior y esta [la del 'call center'] se planteaba que se tenía que acabar o no”, ha dicho Gaspar.

La nueva corporación se planteaba “varias salidas”: prorrogar el servicio o que la Diputación lo asumiera, tal como finalmente sucedió. “Se estuvo barajando durante varias semanas qué hacer”, ha declarado el presidente de la institución provincial. El servicio caducaba a finales de diciembre del 2015 y no daba tiempo a sacar una nueva licitación.

Una llamada telefónica “improcedente”

En ese contexto —“complicado”, de “muchas reuniones y mucha letra pequeña”— el político socialista recibió una llamada que no le hizo ninguna gracia. Al otro lado del hilo telefónico, el empresario Mariano López (exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero') preguntaba por la adjudicación a la empresa Servimun, de la que el acusado cobró a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada.

“Me parecía una llamada improcedente”, ha dicho Gaspar, quien también ha aclarado que la finalización del contrato ya estaba encauzada y decidida. “Sabía algo del suegro porque en ese momento todo eso iba por los despachos pero ni le ponía cara no sabía quién era”, ha agregado. Mariano López insistió a Gaspar que, si finalizaba el contrato, los trabajadores se irían a la calle.

Toni Gaspar averiguó que José Manuel Orengo, entonces jefe de gabinete del presidente Jorge Rodríguez, le había proporcionado su número de teléfono a Mariano López, por su condición de “colaborador” de la Fiscalía Anticorrupción. “Llamé a Orengo molesto porque estaba cerrando el expediente y no me resultó ni procedente ni agradable”, ha declarado.

El exdirigente socialista le vino a decir que, dado que Mariano López estaba colaborando con Anticorrupción (aportó los audios de su exyerno) debían “tener un poco de paciencia y torear el asunto”. Durante la fase final del contrato, el exsuegro del 'yonqui del dinero' estuvo “mareando muchísimo la cuestión”, ha agregado. 

El fiscal anticorrupción le ha preguntado a Toni Gaspar si conocía al adjudicatario del contrato, el empresario y dueño de Servimun, José Palomares. “No sé quién es el señor Palomares”, ha contestado, reforzando así la tesis del Ministerio Público según la cual Mariano López, para quien solicita 13 años de prisión, era el facilitador del contrato presuntamente amañado ya que fue quien llamó interesándose por el devenir del servicio a pesar de no ser el adjudicatario.