El exministro Valeriano Gómez y otro exalto cargo socialista se suman a la guerra contra el rescate de los hospitales privatizados
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, han convertido el rescate de las concesiones sanitarias que el PP privatizó en uno de los objetivos de la legislatura y uno de los logros a brindar a sus votantes. El 1 de abril de 2018 caduca la primera de estas concesiones y la guerra entre la empresa beneficiaria, Ribera Salud, y la Generalitat lleva meses librándose en los medios de comunicación y los juzgados.
En esa contienda a cara de perro, la firma Ribera Salud -participada al 50 % por el Banco Sabadell y la nortemericana Centene- y en especial su director general, Alberto de Rosa, no han escatimado en recursos y estrategias. La última, la presentación del libro “La gobernanza de la salud pública. Excelencia o ideología”, en la que importantes cargos socialistas y economistas defienden la privatización sanitaria en general y la no reversión de las concesiones sanitarias en la Comunitat Valenciana en particular. La estrategia va a la línea de flotación de los socialistas, puestos que personas cercanas o miembros de su partido se salen de la línea marcada por Montón y Puig.
El libro ha sido impulsado por Ramiro Aurín, presidente de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, y Ribera Salud se comprometió a adquirir muchos de los ejemplares de la obra para facilitar su edición. La introducción la realiza Enrique Linde Paniagua, ex subsecretario de Cultura con Felipe González y participa también el exministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez. Gómez ya ha visitado la Comunitat Valenciana en otra ocasión para defender el modelo de los hospitales privatizados invitado por Ribera Salud.
El libro está coordinado por Ramón Tamames y en él se defiende la tesis de que el rescate de los hospitales privatizados son fruto de la “ola de populismo” y del “sectarismo” político. Tamames defiende que la Sindicatura de Comptes de la Generalitat ha realizado un informe en el que concluye que el modelo Alzira de gestión es más de un 20 % más barato que el público.
Por su parte, Alberto de Rosa ha asegurado en su intervención en la presentación del libro que durante el proceso de rescate de las concesión “nunca se había intentado desprestigiar tanto la colaboración publico-privada”. Para De Rosa existen en la actualidad modelos de colaboración “buenos y malos”, en referencia a otras concesiones o conciertos entre la administración autonómica y el sector privado.
El exministro de Trabajo y exsindicalista, Valeriano Gómez, critica el rescate porque considera que “aparecen un conjunto de problemas que en la perspectiva laboral pueden llegar a cuestionar no solo la virtualidad del rescate sino la propia viabilidad del modelo concesional como instrumento de la política pública”. El exministro llega a alertar de un posible caso de “sucesión empresarial” en el paso de la gestión privatizada a la pública. Cabe recordar que el rescate valenciano del modelo Alzira es el primer intento de reversión del sistema sanitario en España.
Gómez asegura que los mayores problemas con los que se encontrará Sanidad será con la asunción del personal de Ribera Salud en la conselleria. Para ello se utilizará la contratación del “indefinido no fijo”, figura legal sobre la que el exministro pone muchos interrogantes. También duda que el rescate cumpla con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. De momento, ni sindicatos ni el Gobierno central han puesto problemas al final de la concesión que caduca el 31 de marzo de 2018.
Por su parte, Enrique Linde en la introducción del libro defiende que el sistema privado sanitario ha evitado “el colapso” del público. Para el ex alto cargo socialista -también expresidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana-, el rescate supondría un inasumible incremento de la deuda pública. “Esta solución ni sería aceptada por la UE no conviene al interés general”, afirma.
Para Linde, el modelo Alzira debiera analizarse “sin prejuicios ideológicos no amparados por nuestra Constitución”. “Si la nuestra debe ser una época de innovaciones organizativas no deben despreciarse las variadas fórmulas colaborativas que permite nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas las concesionales”, apunta.
Para este exalto cargo socialista y abogado, las administraciones públicas sanitarias “lejos de cualquier dogmatismo deben ser extraordinariamente pragmáticas para conseguir el objetivo constitucional de la protección de la salud sin volver a viejos modelos intervencionistas que establecían líneas rojas entre lo público y lo privado, conducidos por dogmatismos que marginan los intereses de los ciudadanos”.
