La comisión encargada por el parlamento valenciano de proponer el diseño de la nueva Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ya ha entregado su informe. Los expertos, profesores de las universidades valencianas, apuestan por una televisión pública con “alrededor de la mitad de la antigua plantilla de trabajadores de RTVV”. Es decir, unos 800 empleados, lo que supondría asumir “la plantilla más reducida de las radiotelevisiones públicas en España de las comunidades autónomas con lengua propia”.
El informe, 'Bases per a la renovació de l'espai comunicatiu valencià i la restitució del servei públic de radiotelevisió“, también fija el coste anual que debería tener el nuevo Canal 9: 140 millones de euros, o 28 euros por valenciano y año. La cifra final, en cualquier caso, ”dependerá de las posibiildades presupuestarias de la Generalitat Valenciana“, que ahora mismo, y a la espera de un eventual nuevo sistema de financiación, roza la quiebra. El año del cierre, 2013, la televisión autonómica iba a costar unos 70 millones. Fue abruptamente finiquitida por el PP con 1.300 millones de deuda tras años de aparente corrupción y despilfarro.
El estudio tiene 113 páginas y hace un exhaustivo repaso a gran parte de la literatura científica reciente sobre televisión, especialmente la que analiza el audiovisual de ámbito autonómico en España. De esos estudios se comparten varias conclusiones. Una de ellas, la “baja productividad de los trabajadores de las televisiones públicas”. Por ejemplo, en 2011 los gastos de personal consumían un 55% del presupuesto de RTVV, parámetro que en “la media de las cinco grandes radiotelevisiones europeas sólo llegaba al 26%”. A la vista de los números, los expertos proponen “que los gastos de personal no superen el 35% del presupuesto”.
La selección de los nuevos trabajadores debe estar abierta a cualquier profesional con méritos pero “ha de reconocer los derechos laborales, profesionales y morales de los extrabajadores de la antigua RTVV”. El expediente de extinción de empleo que precedió al cierre de la plantilla está pendiente de un recurso presentado por el sindicato CGT ante la Audiencia Nacional, a su vez condicionado por una denuncia del PSOE ante el Tribunal Constitucional. Más allá del necesario consenso político y las apreturas económicas de la administración, la reapertura de Canal 9 está supeditada a la resolución de un embrollo jurídico-laboral de espanto.
La comisión propone que el nuevo Canal 9 dedique un 25% de su tiempo a la información; un 35% a la ficción, un 30% al entretenimiento, un 5% a deportes y otro tanto a educacion. La producción hecha por terceros (ajena, en el argot del sector) o los derechos de emisión (películas, por ejemplo) y la producción propia externalizada (aquella hecha por empresas externas de acuerdo con la filosofía y bajo la supervisión de Canal 9) sumarían el 60% de los costes.
Sin deuda y financiada sin un cánon finalista
Sin deuda y financiada sin un cánon finalistaLa comision propone prohibir que la nueva RTVV se endeude (ese fue uno de los problemas bajo la gestión del PP), quiere que la televisión se financie con publicidad y aportaciones de la Generalitat y, por ello, rechaza el pago de un cánon (como en Reino Unido con la BBC o en Francia) para que los valencianos sufraguen de manera directa su televisión pública. Ésta, idealmente, necesitaría 142 millones de euros al año (la mayor parte procedente del contribuyente) y nunca debería contar con menos de 109 millones (22 euros por valenciano y año).
Para evitar los errores del pasado, se recomiendan “mecanismos de transparencia” en la gestión y “control interno y externo”, entre otras medidas para tener una “RTVV fuerte” que sea radicalmente diferente a la anterior y “trabaje para recuperar la confianza de los valencianos, que le habían dado la espalda antes de su cierre”.
Según Javier Marzal, catedrático de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Jaume I, que ha ejercido de portavoz de la comisión, el informe propone darle la vuelta al “espacio comunicativo valenciano”. Quiere una televisión “multipantalla” y adaptada al momento, un Consell Valencià de la Comunicació que vele por tener un sistema informativo sano, y una corporación valenciana de medios (tele, radio, plataforma multimedia) con un modelo de gestión y gobernanza radicalmente distinto al anterior.
El informe, ya en manos del parlamento, será ahora debatido por la mesa del audiovisual, que podrá enmendarlo, y posteriormente en la comisión parlamentaria que estudiará la creación de una nueva televisión pública. Antonio Montiel, portavoz de Podemos y encargado de pilotar el proceso hacia otro Canal 9, cree que el documento servirá “para que no haya otro 9 d'Octubre sin un medio de comunicación potente en nuestra lengua”. El gobierno valenciano, compuesto por PSPV-PSOE y Compromís, quiere que la nueva televisión pública valenciana esté operativa durante 2016.