El expresidente de la Diputación de Valencia culpa a los denunciantes del 'caso Alquería' de avalar las contrataciones investigadas

Últimos cartuchos del expresidente de la Diputación de Valencia y de su jefe de gabinete contra su procesamiento en el caso Alquería. Jorge Rodríguez, en su recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado, ha responsabilizado a los denunciantes del caso, nombrados por el 'yonki del dinero', de avalar las contrataciones de siete responsables de alta dirección en la empresa pública Divalterra (heredera de Imelsa, auténtico epicentro del caso Taula y cuyo exgerente es precisamente Marcos Benavent). Rodríguez recuerda que “hasta la fecha de la denuncia” que desencadenó la investigación, ni José Luis Pellicer, secretario del consejo de administración, ni José Luis Castellote, director económico financiero, ambos denunciantes, “pusieron objeción alguna a la forma en que se reestructuró la empresa”.

El alcalde de Ontinyent remarca además que el departamento jurídico y el de recursos humanos avalaron el contrato de alta dirección. Así, el contrato eventual de confianza era más favorable para lo intereses de Divalterra. La defensa del expresidente de la Diputación destaca que ni Rodríguez ni ninguno de los investigados prepararon los contratos, elaborados por los servicios jurídicos y de recursos humanos.

Los gerentes realizaron un “proceso de selección, con estudio de curriculum y entrevistas a varios candidatos”, alega Rodríguez, que también niega “afinidad política” con los directivos seleccionados (a alguno de ellos ni siquiera los conocía, asegura). La defensa del expresidente de la institución provincial lamenta que no ha podido interrogar a los denunciantes, nombrados en la empresa por el 'yonki del dinero'. “Eran los que tenían la responsabilidad de advertir y asesorar al Consejo de Administración”, recuerda. Rodríguez considera que ha padecido una “verdadera indefensión” durante la fase de instrucción.

El expresidente de la Diputación también apunta al entonces director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, a quien su defensa no ha podido interrogar. Tampoco al director de recursos humanos, Vicente-Javier Domingo, ni al secretario del consejo de administración, Vicente Boquera. “Podrían haber arrojado, dentro del proceso, y no en los medios de comunicación, luz” sobre los hechos que investigaba la instrucción del caso Alquería, lamenta. “No consta advertencia alguna a Rodríguez de la posibilidad de que dichos contratos fueran irregulares y mucho menos delictivos”, asegura el recurso de apelación.

El alcalde de Ontinyent afirma que, gracias a la gestión de los siete altos cargos, Divalterra ahorró más de seis millones de euros en cuatro años y destaca que tenían preparación académica y experiencia profesional en sus especialidades. Además, también alude a un informe de una asesoría que concluye que el contrato de alta dirección elegido era el más ventajoso para la empresa.

El auto del juez reprochaba que los contratos de alta dirección debieron ser formalizados por el consejo de administración, cuando “consta expresamente” que esa facultad fue delegada en los dos gerentes de entonces, el socialista José Ramon Tiller y Aguistina Brines, de Compromís. “Ningún interés podía tener mi representado en no llevar esos contratos al consejo de administración”, en el que Rodríguez disponía de mayoría. El recurso también asegura que los jefes de área acudían “de forma periódica” a los consejos para dar cuenta de su gestión.

Rodríguez remarca que “en ningún momento, ni siquiera o servicios de auditoría externa e interna de la empresa, pusieron en dudas estas contrataciones”; tampoco los propios denunciantes. “¿A qué otros intereses se debe la denuncia?”, plantea el recurso. “Esto es lo que debió preguntarse el juez instructor”, responde a continuación.

El recurso del jefe de gabinete

El jefe de gabinete del expresidente, Ricard Gallego, argumenta en su recurso de apelación que fue nombrado en el puesto meses después de que se llevaran a cabo las contrataciones objeto de investigación, “por lo que no pudo intervenir en los hechos”. Gallego argumenta que nunca formó parte del equipo de dirección de la empresa pública ni tiene conocimientos jurídicos suficientes para haber intervenido en el diseño de la nueva estructura de Divalterra. La 'mano derecha' de Rodríguez es periodista y se dedicaba a coordinar el área de Presidencia, compaginando el puesto con el de jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Ontinyent. “Su relación con las empresas públicas se limitaba a cuestiones de agenda del presidente o de diputados de su grupo”, señala.

Ninguno de los correos intervenidos por la Udef guardan relación directa con la contratación de personal directivo “sino que se refieren a cuestiones políticas o de organización interna de Divalterra”. Gallego también rechaza que, tal como declaró José Luis Vera, el “círculo cercano al presidente” tuviera intención de despedir a ciertas personas de la empresa pública. Estos hechos, según su defensa, no guardan relación con las contrataciones investigadas y, en todo caso, corresponderían a la jurisdicción social.

El recurso de apelación duda de que se le pueda imputar os presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cuando Gallego “ni es autoridad, ni funcionario público, ni ha dictado resolución alguna, sea arbitraria o no”.