La patronal de residencias Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la CV) y el Colegio de Farmacéuticos han celebrado que la Conselleria de Sanidad paralice el concurso para la creación de una plataforma logística para la prestación farmacéutica a residencias privadas. La intención de la anterior consellera Carmen Montón con este proyecto era hacer más eficiente la gestión de esta factura de las medicinas y reducir en 17 millones de euros el gasto. También, por qué no, acabar con algunos pactos entre farmacéuticas y residencias para cerrar el mercado a la competencia.
Según la información en poder de eldiario.es, en 2016 los usuarios de residencias privadas de la Comunitat Valenciana gastaron 36 millones de euros en medicamentos que, cada residencia, gestionó como consideró oportuno. Esta libertad de elección de las empresas ha desembocado en que solo diez farmacias se repartieran el 25 % de todo el gasto farmacéutico en este sector. Así, la farmacia de Beatriz Flores en Alicante llegó a facturar 2,2 millones de euros en ese ejercicio por medicamentos adquiridos por los usuarios cautivos de residencias privadas, el 6 % de toda la autonomía.
El caso de esta botica alicantina es el más llamativo, pero otras nueve farmacias de la Comunitat Valenciana coparon entre el 2 y el 3 % del total del mercado cada una en 2016. Y eso que hay más de 2.300 farmacias en todo el territorio. Facturaciones de entre 600.000 y 900.000 euros al año por servir medicamentos a residencias privadas. Se trata de las farmacias de Luisa Fitor (Gandia), Ana Fátima Roselló (Valencia), Carolina Esteve (Gandia), Inmaculada Díaz (Xirivella), Mónica Catalán, Juan Ricardo Puchades, Matilde Mora, Pilar Viedma Gil de Vergara, estas cuatro de Valencia, y Sandra Iborra (Millena).
El presidente del Colegio de Farmaceuticos, Jaime Giner aseguró que con la creación de la central farmaceutica que impulsó Montón para residencias privadas -que iba a generar 100 puestos de trabajo en la administración-, se perjudica a los farmacéuticos porque limita sus posibilidades. Giner recurrió ante la justicia este concurso.
Fuentes de la actual conselleria que dirige Ana Barceló han explicado que el proyecto Resi-EQIfar -como se llama el proyecto para mejorar la eficiencia en la distribución de medicamentos- sigue adelante y que solo se ha paralizado “el contrato de elaboración de dosis unitarias”. El que molestaba a residencias y Colegio de Farmacéuticos. Las mismas fuentes explican que en el “desistimiento” del concurso es completamente legal y que la empresa que se había presentado no podrá denunciar a la Conselleria “porque todavía no se ha firmado nada”.
“Como soporte exclusivamente logístico al modelo de atención planteado, Resi-EQIFar pretendía la centralización de la elaboración de dosis unitarias para la totalidad de residentes en centros sociosanitarios. Para ello, se optó por ofertar un contrato externo. Este proyecto se planificó para el segundo semestre de 2018. Por otra parte, en estos momentos todavía no se dispone de un texto normativo que defina el modelo ni de las estructuras necesarias para su desarrollo. Estos hechos, contemplados con la prudencia necesaria, aconsejan el desistimiento del centro logístico, toda ves que existen alternativas no necesariamente centralizadas ni robotizadas hasta el extremos planteado”, argumentan desde la Conselleria de Sanidad.
De esta manera, el departamento de Ana Barceló deja claro que no seguirá con el proceso de centralización y tendrá que explicar y desarrollar en las próximas semanas esas alternativas que mejoren la eficiencia, reduzcan los costes y eviten vicios de control de mercado como los que suceden en la actualidad. No debe sentar muy bien a la mayoría de farmacias que una pequeña parte de establecimientos copen el mercado de las residencias privadas.