El abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y uno de los principales investigados en el 'caso Azud', cobró 261.000 euros de la UTE Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet (Valencia), por supuestos servicios de asesoramiento jurídico externo prestados entre marzo del 2005 y junio del 2006. Sin embargo, no queda rastro alguno del contrato. Se trata de la misma mercantil que está inmersa en una investigación sobre la 'trama de la basura' y a la que, en paralelo, la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) de Valencia reclama una indemnización de 5,9 millones de euros por incumplimientos de contrato.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia mantiene investigados al director general de la UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; al jefe de servicio de Ecoparques, Javier Hernández de France, y al exjefe de servicio del área técnica de la Emtre, José Luis Vayá. Este último participaba, a través de un testaferro, en la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que facturó 10 millones de euros a la concesionaria de la planta, según la denuncia de la Emtre en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción.
El escándalo de la 'trama de las basuras' se cobró la cabeza del gerente de la Emtre Eugenio Cámara, destituido en 2020 tras la denuncia. Cámara, que tiene plaza en propiedad en la Emtre, fue nombrado como gerente durante la época de la edil popular Maria Àngels Ramon-Llin al frente de la entidad y es yerno del exvicealcalde, Alfonso Grau, mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá y uno de los principales investigados en el 'caso Azu', en el que han aflorado los pagos a Corbín.
Garrigues cobró 58.863 euros
Sin embargo, parte de la documentación sobre los abonos al cuñado de Barberá han desparecido, según la respuesta al requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de la UTE Los Hornillos que consta en el sumario del 'caso Azud'. “Habida cuenta de haber transcurrido 14 años desde esa relación, no consta en los antecedentes documentales de la UTE ni el contrato de prestación de servicios ni documentación específica de los trabajadores realizados”, indica el escrito del gerente.
Además, los investigadores del Instituto Armado también pedían a la UTE Los Hornillos que identificaran a los directivos de la empresa en las fechas en las que se abonaron los pagos a José María Corbín. La respuesta indica que el director de proyecto, un “profesional externo” que facturaba sus servicios a través de una mercantil era Carlos Fernández, uno de los investigados en la causa de la 'trama de la basura'.
La firma explica que tras el asesoramiento de Corbín, su despacho fue sustituido por Garrigues, que cobró 58.863 euros hasta 2008. La respuesta al requerimiento de la UCO sí que aporta documentación sobre los trabajos jurídicos de Garrigues.