La Fiscalía mantiene la puerta abierta a pactar con Blasco para que se libre del juicio si devuelve el dinero de las ONGD
La Fiscalía Anticorrupción sigue dejando la puerta abierta al exconseller del PP, Rafael Blasco, para llegar a un acuerdo que le libre de volver a la prisión si devuelve el dinero desviado de las ayudas a ONG que operan en países “tercermundistas”.
La Fiscalía lleva un par de años negociando con el exconseller de Cooperación y sus socios de la trama para recuperar los fondos, y según fuentes de Anticorrupción, aún se puede mantener este proceso abierto hasta el día del juicio. Este organismo del Estado está obligado a buscar acuerdos por economía procesal, un principio que alude a la exigencia de que el proceso debe conseguir su objetivo de dar una solución pacífica y justa a los conflictos con el menor esfuerzo posible de tiempo, trabajo y dinero.
Pese a las intenciones del ministerio público, resulta complicado llegar a este acuerdo económico con el exconseller popular y sus compinches, el empresario Augusto César Tauroni y Marc Llinares. La Generalitat Valenciana, que ejerce como acusación a través de la Abogacía, pidió en su escrito de acusación se impusiera una responsabilidad civil de 8 millones, cuatro por los fondos saqueados y otros cuatro por daños morales por haber hundido el nombre de la cooperación valenciana. Una cifra bastante complicada de conseguir, dado que los miembros de la trama ya tienen embargados los bienes que querían vender.
Los acusados planteaban a la Fiscalía entregar un chalé de la Barraca d'Aigües Vives (Alzira), en el caso de Rafael Blasco; en el del empresario Augusto César Tauroni, dos apartamentos en Miami y un yate; y en el caso de Marc Llinares, una vivienda en Dénia. Difícil lo tendrán, ya que estos bienes están es suspenso por el resto de procedimientos que los tres tienen abiertos.
A cambio de devolver los fondos, la responsabilidad penal de Blasco y Tauroni pasaría de 16 años de prisión a 2 años y seis meses y tres meses menos para Llinares. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, ya anunció que no aceptaría este pacto al considerar que impediría que se recuperara el dinero y que se restituyera el daño hecho a la imagen de la cooperación.
