La empresa Escal UGS SL, encargada del proyecto de almacén de gas conocido como Castor que provocó 519 terremotos, está a la espera de sentarse, como persona jurídica, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón, por un presunto delito medioambiental junto con dos directivos, para los que la asociación de afectados pide cinco años de prisión y una indemnización de 342.500 euros por los daños. Florentino Pérez, propietario de la constructora ACS, ha apartado al consejero Recaredo del Potro, uno de los procesados, y ha colocado como representante de la firma a José Luis Martínez Dalmau, el otro responsable de la empresa que se sentará en el banquillo de los acusados, que abandona el puesto de consejero.
Así, la empresa ha pasado de tener un consejo de administración a contar con un administrador único, que ejerce ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA, la constructora de Florentino Pérez. Otros directivos de la constructora abandonan también el consejo de administración de Escal UGS SL: Juan Cristóbal González Wiedmaier, Luis Rein Rojo, José Alfonso Nebrera García y la secretaria Aída Pérez Alonso. Consultado por elDiario.es, el directivo Recaredo del Potro ha declinado hacer comentarios sobre su salida del consejo de administración.
La firma, que a pesar de provocar 519 terremotos en la costa castellonense y tarraconense considera que no ha tenido un “impacto ambiental significativo”, no ha registrado provisiones por riesgos y gastos en el balance anual, según sus cuentas. Escal UGS SL, con unas pérdidas de un millón de euros en 2018 (423.211 euros el años anterior), cuenta con la constructora ACS como accionista mayoritario, mientras que la canadiense Castor UGS Limited Partnership ostenta el 33,33% del accionariado.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Castor (APLACA) sostiene en su escrito de acusación que los empresarios Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau supeditaron “en todo momento el grave perjuicio que podían generar en el medio ambiente y en la salud de las personas a la finalización de la tercera fase de inyección” del almacén de gas. La asociación los considera responsables de un presunto delito contra la ordenación del territorio y del medio ambiente.
El instructor de la causa considera que “ante los temblores que se estaban produciendo”, los directivos Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau “no sólo continuaron inyectando gas en el almacenamiento sino que incluso aumentaron la velocidad” y establece que “existe una relación de causa efecto entre las actuaciones de inyección y la serie sismológica que ocurrió en la costa de Vinaròs”.
La plataforma Castor, según el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs, desencadenó una “gran serie de sismos en la zona”, hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre de 2013 y ocasionó “daños de consideración” en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y de Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.
Estos movimientos sísmicos generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno”.
El Tribunal Supremo, tal como ha informado este diario, ha reconocido al Banco Santander, CaixaBank y Bankia el derecho a recibir del Estado la indemnización de 1.350 millones de euros a la promotora del fallido almacén de gas Castor que esas tres entidades adelantaron en 2014 para compensar a la constructora ACS por el cierre de la infraestructura tras la sucesión de seísmos.