La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha salido en defensa de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien podría ser investigada por el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) por no haber cumplido de Ley de la Memoria Histórica en la ciudad. Así la fundación afirma que la “culpa” de Barberà (PP) “no ha sido mantener en la ciudad vestigios de la historia española”, en referencia a escudos franquistas en edificios públicos o una cruz de los caídos, sino “haber derrotado durante varios años a los candidatos socialistas a la Alcaldía de Valencia, en cinco elecciones (las de 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011) por mayoría absoluta”.
Para la Fundación Francisco Franco la Ley de la Memoria Histórica “lejos de pretender la reparación a las víctimas de la guerra y la posguerra (aunque de un solo bando), es una herramienta jurídica para acallar y amedrentar a quienes se oponen al discurso dominante de la izquierda, que por ser falso y manipulador escinde la sociedad española”.
Además esta fundación también ha señalado al Gobierno de Mariano Rajoy como responsable de esta situación por no haber derogado dicha Ley, porque supone que “el PP mantiene un arma que la izquierda” y que cuando esta regrese al poder “la empleará contra este partido, así como contra los historiadores y los ciudadanos que no se sometan a sus directrices”. Del mismo modo critican que la Ley de la Memoria Histórica “no sólo deslegitima a la derecha y prohíbe la investigación imparcial sobre el siglo XX, sino, además, erosiona a la Monarquía, restaurada por voluntad del Generalísimo Francisco Franco y avalada por el pueblo español en referéndum y en las Cortes”.
La Fundación Francisco Franco no quiere acabar su comunicado sin hacer referencia al “sectarismo” de la Ley de la Memoria Histórica porque “los casi 50 soldados de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, casi todos de la Comunidad Valenciana, descubiertos en una fosa común en 2009 en Rubielos de Mora (Teruel), no entrarían dentro de las categorías fijadas para recibir homenajes institucionales, porque fueron fusilados por sus superiores al haberse negado a regresar al frente de Teruel, en vez de por los 'malvados oficiales' que la ley ha establecido”.