Los peritos del caso Taula cifran en 1,8 millones el dinero desviado en la construcción de tres colegios por la empresa pública creada por el PP
La Intervención de la Generalitat en funciones de perito judicial concluye que en la construcción de los colegios en la etapa de Máximo Caturla al frente de Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios creada por el PP, se desvió dinero además de los sobrecostes millonarios en el que incurrieron las constructoras. Solo en tres colegios analizados, los centros número 4 de Torrevieja, Gonzalo Anaya de Xirivella y el IES nuevo de Llosa de Ranes se pagaron de más y sin justificación 1,8 millones de euros. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga si ese dinero se utilizó para el enriquecimiento de una trama corrupta o, incluso, para la financiación del PP valenciano.
Los peritos han detectado numerosas irregularidades en los procesos de adjudicación y construcción de los centros entre 2004 y 2008 que acabaron en manos de dos empresas muy conocidas por otros casos de corrupción. Sedesa, vinculada a la familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino, y Cleop, investigada en otros procedimientos. Los informes ya están en manos del juzgado a falta que lleguen los realizados para otros tres centros, el del IES Cabanyal, CEIP número 5 de Burriana y el CEIP número 7 de Santa Pola.
El informe explica que en 2004 Ciegsa realizó una modificación administrativa por la que el poder de contratación se le retiraba al consejo de administración para entregársela a la comisión ejecutiva y al consejero delegado, en esos tiempo el imputado Máximo Caturla, de manera permanente. Así, “tras el 22 de diciembre de 2004 es el nuevo consejero delegado quien, unipersonalmente, resuelve las decisiones en materia de contratación de Ciegsa”.
Los dos informes que evalúan los procesos administrativos de los tres centros revelan que en ninguno de los casos la oferta más barata fue la que ganó. Pese a las bajas del 16 % que obligaba la licitación inicial, el conste final era muy superior al de licitación y al de adjudicación. En el caso de Torrevieja, por ejemplo, el importe de adjudicación fue de 7.155.097 euros, mientras que el importe total de la obre fue de 9.730.405 euros (más de 2,5 millones más). Los peritos reconocen que algunos sobrecostes fueron necesarios, pero que en esta obra hasta 888.383 euros no se tenían que haber pagado a la contratista.
En Xirivella y Llosa de Ranes, proyectos que se adjudicaron en el mismo lote, el coste final de las obras superaron los 13 millones de euros cuando el precio de licitación fue de 10,8 milloes. De ese montante, más de 930.000 euros no se debían haber pagado al estar sin justificación y posible contrastación. Un ejemplo de esos pagos injustificados se explican en el informe en un cuadro en el que se reflejó que se pagaron 70 palmeras y llegaron 31; se abonaron 68 bancos de hormigón y se colocaron 38 metálicos o se gastó dinero en 750 taquillas y se colocaron 632.
En Torrevieja, los peritos concluyen que existieron numerosas irregularidades en el proceso de contratación y que el modificado de obra se debía haber sacado a concurso. Un contrato complementario que superó los 750.000 euros.
Estos informes se añaden al reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se ha aportado a la causa y que podría dar el espaldarazo definitivo al caso que está investigando adjudicaciones de 2004 a 2008. La empresa pública Ciegsa de construcción de colegios acabó con una deuda de 1.200 millones que ha acabado asumiendo la Generalitat.
