El incremento de los tipos conducirá a que Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana paguen por los intereses de su deuda en 2025, respectivamente, 1.918 millones de euros, 1.321 millones y 1.172 millones, lo que las convierte en las comunidades que mayor cantidad abonen por este concepto.
Así lo señala un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que también señala que si la deuda de las autonomías no se reduce llegará a suponer en 2027 un total de 2.957 millones de euros para Cataluña, 1.893 millones para la Comunitat Valenciana; 1.594 millones para Madrid y 1.381 millones para Andalucía, por citar aquellas en las que la cantidad será superior a los mil millones de euros.
Por este motivo, en los próximos ejercicios “las autonomías deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13 por ciento” fijado por ley, recomienda el informe.
Si no lo hacen, Federa advierte que, medidos en porcentaje, los pagos por intereses de la deuda habrán aumentado por encima del 400 % al final del periodo 2022-2027 en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias, y hasta un 739 % en La Rioja.
El informe de Fedea apunta una clave: “Mientras que a lo largo del periodo 2015-2022 el tipo de interés medio para la deuda pública objeto de análisis ha sido del 0,5 %, en los momentos actuales nos encontramos por encima del 3 %”.
Por eso, incluso si redujeran el déficit anual, el coste financiero de la deuda pública autonómica ya contraída sobre el PIB de cada autonomía va a aumentar de manera significativa.
Lo anterior les conduce a la conclusión de que “si las autonomías emitiesen nueva deuda para financiar los vencimientos de la que está actualmente en circulación y el déficit previsto, el gasto autonómico en intereses se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 11.917 millones de euros en 2027”.
“Esto significa multiplicar por 3,3 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica”.
En suma, ante el incremento del coste financiero para el período 2022-2027, los autores del informe, Manuel Díaz y Carmen Marín, recomiendan a las autonomías “prudencia” a la hora de plantear “políticas fiscales expansivas”.
Fedea reconoce que está pendiente la reforma del sistema de financiación y la retirada gradual de los mecanismos de financiación de emergencia que han llevado al Estado a tener en sus manos cerca del 60 % de la deuda autonómica.
“Sin embargo, este proceso no tendrá éxito sin la puesta en marcha de un proceso creíble de consolidación fiscal” por parte de las comunidades autónoma.