El Gobierno de Mazón desoye al TSJ y sigue sin contratar los docentes del pacto con los sindicatos avalado por la Justicia

El Gobierno de Carlos Mazón sigue sin aplicar del todo el acuerdo de plantillas docentes, a pesar de los requerimientos y de la inisistencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Tras haber incumplido reiteradamente el acuerdo suscrito por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic con los sindicatos para la ampliación de las plantillas, el alto tribunal autonómico ha pedido en varias ocasiones a la Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, que ejecute el pacto, ratificado por el Consell. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, en un reciente auto, solicitó al departamento de Educación que identificara a los responsables de dar cumplimiento al acuerdo y apremió a la Generalitat a contratar a los docentes.

En su respuesta a la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, el director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega Gil, asegura que para poder dar cumplimiento al acuerdo suscrito el 27 de junio de 2023, cuando el Gobierno del Botànic estaba en funciones, la conselleria “ha estado preparando la relación de centros que se verán afectado por el incremento de la plantilla”. “Se ha iniciado con los centros que tras un estudio se ha considerado que tienen más dificultades y carencias”, agrega el alto cargo.

El escrito, del pasado 9 de enero, aseguraba: “Se ha contactado con los centros afectados para que nos transmitan la especialidad que necesitan que se les dote de un aumento de plantilla y estamos a la espera de su contestación”. El departamento de Educación también alegó que “con carácter general y de manera progresiva se aplicará a partir del día 14 de enero de 2025, según la disponibilidad presupuestaria, y una vez que esta administración ha resuelto las dificultades que en su día planteó”.

Tras esta respuesta, el TSJ-CV dictó el pasado 21 de enero una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que requiere al director general Francisco Pablo Ortega Gil que le aporte la “documentación pormenorizada justificativa de las actuaciones” de la conselleria para cumplir el acuerdo de plantillas. El departamento que dirige José Antonio Rovira no ha contestado las preguntas de este diario sobre la providencia del TSJ-CV.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) lamenta el “sainete” de la aplicación de los acuerdos torpedeados por Rovira. El sindicato destaca la “voluntad” de la dirección general de Personal Docente de aplicar los acuerdos, aunque lamenta que solo se hayan creado, en el mes de enero, 18 puestos de trabajo en centros de Infantil y Primaria. El director general, según el sindicato, alegó que aún no disponía del presupuesto facilitado por la Conselleria de Hacienda para crear los puestos.

“Estos 18 puesto de trabajo se han creado con el presupuesto propio de Educación, pero es claramente insuficiente para cumplir con los autos del TSJ, ya que se deberían crear casi un millar de puestos de trabajo”, critica el sindicato.

Un “problema grave”, según el STEPV

El STEPV, sindicato mayoriatario en la enseñanza, considera que el alto cargo “tiene ahora un problema grave” para justificar la aplicación del acuerdo de plantillas y recuerda que la Conselleria de Educación “no incoporó” las partidas presupuestarias necesarias en los presupuestos de 2024, “incumpliendo claramente con su obligación de prever este gasto, porque ya tenía claro que los acuerdos serían denunciados meses después, en concreto el 30 de mayo de 2024”.

El 24 de mayo del pasado año, apenas un día después de la primera gran movilización de la legislatura en contra de las políticas del Gobierno de Carlos Mazón (la huelga general de la comunidad educativa contra las medidas adoptadas por Rovira), la Conselleria de Educación comunicó la denuncia del acuerdo de plantillas rubricado por el Consell del Botànic en funciones en junio de 2023. Esta decisión suponía renunciar a la contratación de miles de docentes. Sin embargo, el TSJ-CV suspendió cautelarmente la denuncia de la Generalitat Valenciana de los acuerdos suscritos con los sindicatos.

Tras el embrollo judicial, a pesar de la voluntad de Personal Docente de aplicar los acuerdos, agrega el sindicato, “no lo pueden hacer si Hacienda no aporta la inyección presupuestaria, en un contexto en el que aún se están negociando los acuerdos de 2025 en las Corts Valencianes”, cuyo proceso de debate y aprobación se retardó a consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre.

El STEPV apunta directamente a José Antonio Rovira. “La responsabilidad de la elaboración de los presupuestos recae en el Consell y en cada uno de los consellers. Por tanto, que no se incluyan en los presupuestos de 2024 las partidas correspondientes para la aplicación de los acuerdos es responsabilidad última del conseller de Educación”, recuerda el sindicato, que considera “gravísimo” que los presupuestos de 2024 no contemplaran los acuerdos de plantillas, “meses antes de su denuncia formal”.

Por otro lado, tras los reiterados incumplimientos por parte del departamento de Educación, Compromís denunció la pasada semana ante la Fiscalía al conseller Rovira por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad judicial.