Puig: “Rajoy sólo sabe decir que no a los valencianos”

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana al considerar que la norma puede incurrir en una “extralimitación competencial”.

Ante esta decisión, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la Generalitat por universalizar la atención sanitaria “no es un recurso contra el Gobierno valenciano, sino contra las personas y su derecho a la salud”.

El derecho a la salud de todas las personas es “un principio innegociable” para el Consell. “Las enfermedades no entienden de personas ni de fronteras ni de permisos de trabajo o residencia. Por ello, facilitar el acceso integral a unos servicios sanitarios públicos y de calidad ”es una prioridad absoluta para el Gobierno valenciano“, ha destacado el president.

“Rajoy siempre dice no a la Comunitat Valenciana”, ha denunciado Puig. “Dice no a la financiación; no a unas inversiones justas; no a ser solidarios con la población siria; y ahora no a la sanidad universal”, comenta Puig. “Esta decisión demuestra la crueldad de un Gobierno que acude al Tribunal Constitucional a recortar derechos en el tiempo de descuento de la legislatura”, ha añadido. 

Competencia estatal

Por ello, el Ejecutivo central solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal estudie y, en su caso, acuerde la suspensión de la norma objeto de recurso. En este sentido, desde el Gobierno argumentan que “la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública”.

“En ejercicio de estas competencias -agrega-, el Estado ha aprobado la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública, además del uso de medicamentos y productos sanitarios y la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica”.

En consecuencia, defiende que “el Decreto-Ley de la Comunitat Valenciana vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado”.

Advertencia del Gobierno

A principios del mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación oficial a la Generalitat Valenciana en la que le informaba de que se habían planteado determinadas “discrepancias” con el decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas inmigrantes en la Comunitat -que convalidaron las Corts el pasado mes de septiembre- al considerar que vulnera competencias estatales.

El Gobierno advertía de que si no se solucionan en una Comisión Bilateral al efecto, recurrirá la norma al Tribunal Constitucional. Coyuntura electoral Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, vinculó esta postura del Gobierno de Mariano Rajoy a “la coyuntura electoral de un Gobierno que está agotado. Nosotros estamos tranquilos y pensamos que es la coyuntura de una legislatura agotada y en ningún caso vamos a entrar a mercadear con el derecho a la salud de la Comunitat Valenciana”, aseguró.

La responsable de Sanidad valenciana lamentaba además que, con esta actitud “lo que hace Rajoy no es sólo amenazar a la Comunitat Valenciana, que ya es grave, sino que está amenazando a las personas que se están beneficiando de esta medida”, que en estos momentos ya son más de 4.000 inmigrantes en situación irregular.

El Decreto Ley

A través del real decreto 16/2012 el Gobierno del PP recortó el derecho a la salud a distintos colectivos. Entre ellos, a las personas migrantes en situación administrativa irregular, “un colectivo especialmente vulnerable, a quienes limitó el acceso a la red pública normalizada”.

Frente a este modelo de “exclusión, de barreras a la atención y de inequidad”, la Comunitat Valenciana ha instaurado la universalidad de la atención mediante el decreto ley 3/2015 del Consell. Desde que entró en vigor el pasado mes de julio, hoy más de 5.000 personas han accedido a una cobertura sanitaria integral “que se les negaba hasta este momento”.

El jefe del Consell ha recordado que la norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat. Y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares a la tomada en la Comunitat Valenciana en País Vasco y Navarra que reconocen la universalidad de la atención sanitaria.

Distintos organismos internacionales han reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy la exclusión sanitaria que impuso el año 2012 a distintos colectivos con el argumento del ahorro en gasto sanitario. Fue el caso del Consejo de Europa, que calificó en enero de 2014 de ilegal la decisión de excluir a los migrantes en situación administrativa irregular de la asistencia normalizada: “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, expuso esta entidad en un informe sobre derechos sociales.

También la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos consideró “inaceptable” la decisión tomada por el Gobierno en 2012.

El decreto de universalidad fue aprobado por el Consell y posteriormente validado con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios en las Corts donde no obtuvo ningún voto en contra. “Gracias a ello, la Comunitat Valenciana garantiza una asistencia integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa. De esta forma, se resolvió en la Comunitat Valenciana el problema creado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el decreto 16/2912 que excluyó de la asistencia sanitaria normalizada a colectivos como las personas migrantes en situación irregular”.