El Gobierno Valenciano sube el impuesto de las hipotecas que el Tribunal Supremo obliga a pagar a la banca

El Gobierno Valenciano subirá en 2020 el impuesto de actos jurídicos documentados, un gravamen de obligado pago cuando se firma una hipoteca. El Tribunal Supremo sentenció en noviembre de 2018 que este impuesto debían pagarlo los bancos y no los clientes, como había sucedido hasta entonces.

La modificación se ha incluido en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunitat Valenciana que acompaña a los presupuestos de 2020, aprobada este miércoles en las Corts Valencianes. La subida viene en una enmienda de PSPV, Compromís y Unides Podem que eleva del 1,5 al 2% este impuesto y lo convierte en el más alto de España junto a Cataluña.

El impuesto de actos jurídicos documentados es el que grava la escritura notarial necesaria para la constitución de una hipoteca y es uno de los más elevados que esta transacción acarrea.

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, calcula que el aumento de este impuesto permitirá recaudar cerca de 30 millones de euros durante el próximo año. “No es la panacea”, expresaba en el pleno, “pero es una Generalitat que se cree su papel” redistributivo. “No podemos entrar en competiciones de dumping fiscal; ganan los millonarios, pierden las familias”, apuntaba el portavoz.

El PP ha criticado esta medida y su presidente, Pablo Casado, pidió que se eliminara cuando se conoció la sentencia que obliga a que sean los bancos quienes lo paguen. Casado olvidó que en las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores se subió este impuesto que entonces asumían los hipotecados, como el caso de la Comunidad Valenciana, donde se duplicó. El Gobierno del PSPV lo fijó en el 0,5% y Eduardo Zaplana lo aumentó hasta el 1% en 2002. Años después, ya con la burbuja inmobiliaria rota, el presidente del PP Alberto Fabra subió este impuesto al 1,5%. Seguían pagándolo los ciudadanos.