El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, ha asegurado en una entrevista con EFE no tener “ni idea” de si la exalcaldesa Rita Barberá conocía la presunta financiación ilegal del PP municipal, cuyos concejales actuales y algunos de pasadas legislaturas tendrán que declarar ante el juez como imputados por el caso Imelsa.
El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
En concreto, se investiga si los concejales y asesores pudieron aportar 1.000 euros en efectivo para financiar la campaña -tal y como han reconocido diversos representantes del PP, entre ellos María Àngels Ramon Llin-, unas donaciones que supuestamente les fueron posteriormente devueltas en efectivo.
El que fuera número 2 de Barberá durante décadas ha explicado, en la entrevista con EFE, que a él no le consta la petición a los ediles de mil euros para ayudar en la última campaña y su supuesta devolución posterior en efectivo porque él ya no estaba en el consistorio.
Respecto a si se le pidió en esa aportación en campañas anteriores, Grau ha sido rotundo al asegurar que “nunca”.
En el marco de este caso, Grau ha explicado que fue citado a declarar ante la Guardia Civil “exclusivamente” en calidad de testigo y acudió a la Comandancia a declarar y se marchó “sin ningún papel” de citación para ir a declarar ante el juez.
25 de febrero, fecha tope para el grupo municipal
En otro orden de cosas, del PPCV se ha marcado el próximo pleno del Ayuntamiento de Valencia, previsto para el próximo 25 de febrero, como fecha tope para tener resuelta la situación que se ha presentado tras la investigación de una supuesta financiación ilegal en el grupo municipal popular.
Aunque la dirección regional ya anunció la semana pasada, tras destituir a su dirección en Valencia, que la ejecutiva local del partido sería sustituida por una gestora, en el grupo municipal se plantean distintos escenarios.
En primer lugar, la dirección regional quiere esperar a que declaren ante el titular de Instrucción número 18 todos los actuales concejales, que ya han prestado declaración en la Guardia Civil y que salieron de esa declaración con una citación como investigados, termino que sustituye al de imputado tras la última reforma del Código Penal.
Tras esa declaración ante el juez, puede ocurrir que se mantenga la condición de investigado, en cuyo caso el PP reclamaría al afectado que devolviera su acta de concejal, o puede ser que se deje sin efecto esa consideración, con lo que la persona en cuestión se reintegraría al grupo municipal con total normalidad.
En el caso de que el juez mantenga la consideración de investigado para uno o varios de los actuales concejales, y estos se negasen a devolver su acta, inmediatamente pasarían al grupo mixto.
Eusebio Monzó, el único que no está imputado
No obstante, el PP nunca perdería completamente el grupo puesto que, aún en el hipotético caso de que todos siguieran como investigados y no devolviesen el acta, siempre quedaría el concejal Eusebio Monzó, el único que no ha sido llamado a declarar por la Guardia Civil ni está citado para comparecer ante el juez como investigado.
Si, por el contrario, estuviesen dispuestos a devolver su acta, el grupo municipal quedaría constituido con las siguientes personas que formaron parte de la última candidatura del PP al Ayuntamiento de Valencia.
Sobre esta última cuestión, fuentes del PP han asegurado a EFE que no habría ningún problema para conformar un nuevo grupo municipal puesto que hay “gente de sobra” que no se ha visto envuelta en este asunto y que no están siendo investigados por ningún juzgado lo que, de ocurrir, les invalidaría para ocupar ese acta de concejal según la decisión acordada por el PPCV.
Confimación de la imputación
En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que el primer paso debe ser, necesariamente, esperar a que el juez confirme o no la condición de investigados de los actuales concejales.
De hecho, esas declaraciones ante el juzgado de Instrucción número 18, que comenzarán mañana con el portavoz del PP en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia hasta la semana pasada, Alfonso Novo, está previsto que se prolonguen durante 15 días, según indicaron a EFE fuentes judiciales.
De cumplirse esas previsiones, eso dejaría al PP apenas una semana de margen para clarificar la situación y conformar un nuevo grupo municipal antes del pleno del Ayuntamiento de Valencia correspondiente al mes de febrero.
Los concejales que tendrán que prestar declaración ante el juez como investigados son, además del propio Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza.