Dos inspectores de Hacienda han declarado este miércoles en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que la trama cobró parte de los servicios para actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana “en efectivo con dinero negro totalmente opaco” aportado por el partido y por empresarios.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008, a través de facturas ficticias y pagos en B de empresarios que gozaban de adjudicaciones de la Administración valenciana y que por ello no podían por ley realizar donaciones al partido.
Entre ellos se encuentran el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, que era el responsable de Orange Market, la empresa del entramado en esa comunidad autónoma.
Este miércoles han declarado tres peritos inspectores de Hacienda, dos de los cuales han explicado que Orange Market tenía tres formas de percibir los ingresos correspondientes a los servicios prestados al PP para dichas campañas.
Una con facturas reales al partido, otra con facturas falsas emitidas a terceros (los empresarios que sabían que lo que pagaban a Orange Market por unos supuestos servicios era realmente para reducir la deuda del PP con esta empresa de la trama) y la tercera mediante el referido cobro en efectivo con dinero B no declarado a Hacienda.
Es decir, “parte de los ingresos que obtuvo Orange Market por la prestación de servicios al PP no se contabilizaban y constituían un circuito negro de fondos”, ha apostillado uno de los inspectores.
Ha añadido que por eso la contabilidad del PP de Valencia de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008 era “incorrecta”.
Y ha puesto de manifiesto que les llamó la atención la emisión de una sola una factura de 275.000 euros de Orange Market con un concepto genérico por servicios al PP de las elecciones autonómicas de 2007.
Su compañera en la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha destacado que el entramado “iba multiplicando la creación de sociedades” para facilitar la concurrencia en adjudicaciones de la Administración Pública y realizar un fraccionamiento de servicios y presentarse como empresas distintas cuando todas eran del grupo de Correa.
Ha comentado que el cobro de pagos en B “llevó al absurdo de que Orange Market, que tenía muchos beneficios, en su contabilidad tenía pérdidas” y por eso decidieron emitir facturas falsas para aminorar la deuda del PP de Valencia.
“Orange Market no podía permitirse el lujo de tener pérdidas en su contabilidad ya que participaba en concursos de la Administración”, ha apostillado esta perito, que ha estimado que pudo llegar a acumular una defraudación al fisco en diferentes impuestos superior al millón de euros.
Una tercera perito ha explicado que la trama creó una estructura societaria conscientemente opaca para ocultar la propiedad real de las empresas y sacar dinero a paraísos fiscales y países sin acuerdos tributarios con España.
Ha precisado que en el caso de Orange Market la empresa matriz estaba en la isla de Nevis y ha advertido de que si no llega a ser por la documentación incautada no habría sido detectada y no se habría averiguado que detrás de ella estaba el grupo de Correa.