La archidiócesis de València recaudó en el año 2017 un total de 2,1 millones de euros en concepto de ingresos por patrimonio y actividades económicas, según las cuentas publicadas por eldiario.es.
Estos ingresos corresponden en su mayoría a alquileres de inmuebles por los que la Iglesia no abona a día de hoy el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La exención del pago de este impuesto, no solo en València, sino en toda España, viene regulada en la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que considera que muchas instituciones, asociaciones o fundaciones, por la labor que desarrollan, son beneficiosas para la sociedad y, por tanto, el Estado las incentiva para que puedan seguir realizando su labor liberándoles del pago del tributo.
Sin embargo, el uso de estos inmuebles exentos del IBI para lucrarse o para realizar actividades económicas que además hacen la competencia a otras entidades que sí que abonan el impuesto choca con la legislación y de hecho, ya ha habido sentencias en este sentido a nivel europeo al considerarse la exención en estos casos una ayuda ilegal.
Precisamente, como informó este diario, este el resquicio legal en el que se basa el Ayuntamiento de València para girar a partir de marzo por primera vez seis recibos del IBI al Arzobispado por importe total de un millón de euros por diferentes locales que tienen alquilados o en los que se desarrolla una actividad económica que genera competencia.
La mayoría de estos recibos se girarán con cargo a las sedes de la Universidad Católica, ubicadas en la calle de Corona, en la calle de Quevedo, entre Guillem de Castro y Paseo de la Pechina y en Jorge Juan.
También al hospital de la Casa de la Salud que ocupa una manzana entera en la avenida de Manuel Candela, con titularidad de las religiosas de Santa Ana. Por este inmueble deberían pagar unos 196.000 euros al año de IBI. El recinto sanitario facturó en 2018 en torno a 32 millones de euros.
Otro de los inmuebles por los que la Iglesia deberá abonar el IBI es el ubicado en el cruce de la avenida de Guillem de Castro con la calle de Balmes. Allí se ubica el convento de la Encarnación de las Carmelitas calzadas que data del año 1502.
Por su condición de edificio de culto y residencial de las monjas, está exento del pago del IBI. Sin embargo, alquila sus bajos a cinco empresas y una parte importante del inmueble (bajo más plantas) al Quart Youth Hostel, por lo que los técnicos entienden que deben abonar la parte proporcional correspondiente a los bajos comerciales y a la zona del edificio dedicada a uso hotelero.
Al respecto, fuentes del Arzobispado han comentado que en todos los casos se cumple la Ley de Mecenazgo que exime a la Iglesia del pago del IBI, puesto que el dinero recaudado siempre se destina a los cuatro fines sociales de la Iglesia, es decir, gastos de culto, caridad, apostolado y sostenimiento del clero (retribuciones): “no existe por tanto un ánimo de lucro porque el dinero no va al bolsillo de nadie y tampoco en ningún caso es la Iglesia la que directamente promueve los negocios en los locales exentos del impuesto porque en ese caso sí que debería abonarlo”.
Desde el Ayuntamiento de València siempre han insistido en que en ningún caso se girarán recibos por inmuebles dedicados al culto ni a obras sociales y benéficas, como podrían ser los de Cáritas.
En esta primera remesa de recibos que girará el Ayuntamiento de València quedan exentas también las viviendas propiedad de la Iglesia o de otras confesiones legalizadas siempre que tengan un uso residencial y que no se utilicen con fines lucrativos.
122,4 millones de euros en toda España
Según la última memoria de la Conferencia Episcopal (CEE), correspondiente al ejercicio 2017, las diócesis españolas alcanzaron 122,4 millones de euros como “ingresos del patrimonio y de actividades económicas” en toda España.
Esta cifra supone un 13% del total de su 'presupuesto', cifrado en 924 millones de euros. Una cantidad que esquiva impuestos y control del Estado, que reconoce que no sabe ni siquiera a qué dedica la Iglesia católica el dinero que recibe por la casilla de la declaración de la renta.
Esos 122,4 millones, según la CEE, “son ingresos correspondientes al patrimonio inmobiliario, financiero y actividades económicas diversas”, lo que permite pensar –porque la memoria no lo aclara y el Estado nunca lo ha preguntado– que el dinero proviene del alquiler de inmuebles (edificios, garajes, rentas de campos de labranza...) e inversiones varias.
En realidad, el 'presupuesto' de la Iglesia no existe como tal, sino que es un sumatorio de datos de los 70 obispados españoles, que ni siquiera están elaborados con los mismos criterios y que no se incluyen desglosados en la memoria que, desde 2007, la Conferencia Episcopal está obligada a entregar a Hacienda. Buceando en los datos de las diócesis se puede concluir que al menos 94 de esos millones provienen de distintas inversiones inmobiliarias, una cifra que no aparece desglosada ni explicada en ningún documento oficial.