El Gobierno central ha hecho público este martes el informe de los bienes inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
En la lista figuran 34.961 bienes e inmuebles en toda España. De esta forma, los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos podrán iniciar los procesos de reclamación.
Del total de propiedades, 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana y tan solo en 123 casos existe algún tipo de título que acredite que la Iglesia es la propietaria. De ellas, 212 están ubicadas en la provincia de Castellón (40 con título acreditarivo), 178 en la de Alicante (23 con título) y 522 en la de València (60 con título acreditativo).
La autonomía valenciana es la undécima de España en la que más inmatriculaciones se dieron. Castilla y León (10.243), Galicia (7.131) y Catalunya (4.192) son las que más casos han registrado.
Entre los inmuebles que la Iglesia se adjudicó en la Comunitat Valenciana destacan la Catedral de València, la iglesia de Santa Catalina de València, la concatedral de Alicante o el Palacio Episcopal de Orihuela.
La normativa hipotecaria permitió a la Iglesia poner a su nombre bienes inmuebles que estuvieran destinados al culto o no, como fincas, parcelas, viviendas o aparcamientos. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa ley. En ese periodo de diecisiete años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes de acuerdo al informe que ha llegado “en mano” al Consejo de Ministros, es decir, sin incluirse previamente en el orden del día, según esas mismas fuentes.
La conferencia episcopal estaba al tanto de que esta semana “se movería” el asunto, pero no tiene en su poder el informe. Fuentes consultadas por elDiario.es cuestionan que “sea legal” darle publicidad y se muestran convencidas, igualmente, de que el informe dirá que “se ha procedido, en la mayoría de los casos, conforme a la ley”, informa Jesús Bastante.
La Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez, contactó con el Gobierno recientemente para solicitar la lista de inmatriculaciones relativa a la Comunitat Valenciana.
Como informó elDiario.es, el ejecutivo central se comprometió a facilitar toda la información relativa al territorio valenciano una vez se haga público el informe e incluso a hacer de mediadores si hubiera alguna propiedad pública afectada por las inmatriculaciones susceptible de ser recuperada por la administración.