Qué impide el divorcio del Pacto del Botànic y el adelanto electoral
La diputación permanente del próximo viernes, en la que el president Ximo Puig, dará cuenta de la gestión del incendio forestal de Llutxent, marcará el inicio del curso político. El último del Gobierno del Pacto del Botánico en los términos en los que se planteó en 2015. Después de la comparecencia vendrá el debate de política general, en el que los grupos parlamentarios hacen su declaración de intenciones y, de inmediato, comenzará el trabajo para los presupuestos de 2019.
La cuesta de septiembre de esta legislatura puede que se haga más dura. Las vacaciones de los socios del Consell han servido para airear algunas tensiones y roces entre PSPV y Compromís. Podemos intenta ejercer de mediador y de pegamento, pero los otros dirigentes parecen haber ignorado su oferta. Con la crisis más seria del Ejecutivo hasta hoy -véase, graves acusaciones de ocultación de información y apenas una semana sin que Puig y Oltra mantuvieran un encuentro- se ha llegado a especular sobre una ruptura del acuerdo. Todo eso pesa en la mochila. Pero, aunque haya diferencias políticas, los tres partidos se necesitan. Cuando Ximo Puig o Mónica Oltra dicen que el pacto está “a prueba de bombas”, no es un eslogan cualquiera.
Un divorcio del Botànic o un adelanto electoral dejarían cojo el trabajo de tres años de legislatura, ya que muchos cambios de índole estructural del Gobierno autonómico tienen que aprobarse durante este año. El trabajo de fondo ha tenido sus resultados más evidentes durante el pasado curso, y este último empujón, antes de la convocatoria electoral ordinaria, resulta crucial para afianzar un cambio de sistema.
En Sanidad, Educación y Servicios Sociales se han dado importantes avances respecto al modelo del PP para intentar recuperar los pilares del Estado de Bienestar, que aún deben rematarse. Actualmente, según el registro de las Corts Valencianes, hay medio centenar de leyes aprobadas y se estima que una veintena vendrán por delante, entre las que esperan en la cámara a que arranque el curso, las pendientes de enmiendas y algún proyecto que retomar.
Entre las prioridades de los socios del Botànic para el inicio de curso está acelerar la tramitación de la ley de Infancia y Adolescencia y la ley que organiza el nuevo modelo de Servicios Sociales Inclusivos, ambas dependientes de la conselleria de Mónica Oltra, cuyo proyecto ya está redactado y esperando el visto bueno del Parlamento autonómico. Los diputados se centrarán, según comentaron fuentes de las distintas formaciones, en la reforma de la ley electoral, la nueva norma que regula las mancomunidades, una modificación de la ordenación del territorio -la Lotup- y en buscar el vaciado de las diputaciones provinciales. Además, Podemos insiste en una normativa sobre préstamos hipotecarios y nuevas medidas para paliar el cambio climático.
El discurso del mestizaje que ensalzaba la diversidad en el Gobierno no puede agotarse antes de tiempo. Los partidos del Botànic no le darán la razón al PP, el partido que se frota las manos con cada bronca, exagera las disputas propias de un mandato en coalición y rescata su muletilla sobre “el pacto del Titanic” cada vez que tiene ocasión.
La fuerza a la que la alianza de izquierdas se vanagloriaba de haber expulsado del Palau se mantuvo en la última convocatoria como la más votada, aunque fuera en solitario. Y, aún fuera de la Moncloa, su suelo de votantes es elevado. Si nos guiamos por las encuestas, tampoco parece que el futuro depare a Compromís, Podemos, Izquierda Unida y el PSPV un camino distinto al del entendimiento para seguir gobernando. Los tiempos de mayorías absolutas y aplastantes quedaron atrás y las tendencias electorales apuntan a una fragmentación de los bloques de izquierda-derecha. El poder político se determinará según la capacidad de diálogo entre las fuerzas de cada lado y no será de un solo color. Nada como un enemigo común para mantener una alianza.
