Aunque el urbanismo y las grandes contratas fueron un nido de sospechas en el Ayuntamiento de Alicante, el área de Atención Urbana no se quedó atrás. Con cinco causas planeando sobre la gestión que desempeñó Andrés Llorens, que fue la mano derecha de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el exvicealcalde ha sido imputado por las irregularidades que se cometieron en la adjudicación del servicio de infraestructuras para actos culturales y festivos de la ciudad a la firma Isjoma -que da nombre al caso-, según adelanta Información.
El magistrado también cita como investigado al exconcejal de Hacienda del PP, Juan Zaragoza. A ambos se les atribuyen delitos de prevaricación y fraude a la administración. A Llorens como vicepresidente de la mesa de contratación y a Zaragoza como presidente de la misma. Zaragoza, ubicado en la órbita zaplanista, y Llorens, cercano a los entonces partidarios del expresidente valenciano Francisco Camps, protagonizaron varios incidentes acusándose de corrupción mutuamente.
La investigación se centra en el presunto amaño de la contrata a cambio de supuestas prebendas para varios técnicos muncipales. El caso estalló tras la denuncia de la otra firma que aspiraba a la concesión, Alavés Montajes y Realización S.L. , que denunció que Isjoma ganara siendo su oferta casi un millón de euros más cara que la suya. La empresa aportó una grabación en la que el exedil de Hacienda ahora imputado, Juan Zaragoza, insinuaba al dueño de la firma perdedora que la contrata se amañó. La empresa prestó este servicio de forma ininterrumpida desde 2003 hasta 2009, con Castedo y Luis Díaz Alperi como alcaldes.
Con la implicación de políticos en una causa que hasta el momento solo afectaba a los técnicos municipales Diego Agulló y Víctor López -salpicados por otras investigaciones-, el instructor da una nuevo empujón a la investigación judicial tras un parón de varios años. El juez, de hecho, no solo ha imputado a los dos responsables de conceder la contrata, sino que añade a las pesquisas los contratos menores que se dieron a esta empresa durante los años 2007, 2008 y 2009, y por los que la adjudicataria se embolsó 850.000 euros al margen del más de un millón y medio que cobró por los servicios incluidos en la concesión.
En el auto se alude a un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en el que se destacan los “múltiples contratos reiterados en el tiempo como el suministro de sillas para la Explanada o de moquetas o faldones (...) cuya adjudicación como contrato menor merece ser investigada habida cuenta de la existencia de un contrato mucho más amplio”. De esos hechos, la policía entiende que podría darse un supuesto “fraccionamiento ilícito”. El informe de los agentes, además, incide en que las sillas que proveía Isjoma al Ayuntamiento se pagaban a un precio “superior al valor medio de adquisición de fabricantes y mayoristas”.
Este caso no es el primero que afecta directamente a Llorens. El exvicealcalde está procesado por la presunta adjudicación irregular de las obras de la Plaza de Magallanes después de que estas se hubiesen completado. Alcalde temporal desde la dimisión de Castedo hasta la llegada de Miguel Valor a la alcaldía en Alicante, sonó durante un tiempo como el sucesor de la exalcaldesa. Sus líos judiciales y su lealtad a la doble imputada en el 'caso Brugal' finiquitaron su carrera política.