La Inspección de Trabajo y la Guardia Civil investigan a una decena de clubes de fútbol por “fraude”

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil han iniciado este miércoles una serie de inspecciones en distintos clubes de fútbol que han militado en Segunda B en los últimos años con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otras infracciones vinculadas al uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas, dejando en situación de desprotección a los y las deportistas profesionales.

La directora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado, ha confirmado este miércoles en València que “se han visitado 10 clubes que aún no se pueden identificar porque la investigación está en una fase muy inicial y se trata de controlar un posible fraude en la cotización de la Seguridad Social”.

Estas actuaciones en Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares están enmarcadas en la lucha contra la corrupción en el deporte y el fraude, debido a que se detectó una problemática generalizada en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol y especialmente en los clubs de la antigua Segunda B y la tercera división. Por ello, se ha iniciado una campaña para erradicar esta práctica y especialmente el fraude de la Seguridad Social. El Calahorra, el Hércules, el Salamanca, el Mérida, la UD Extremadura, el Cartagena, el Atlético Sanluqueño, el Atlético Baleares o La Nucía serían algunos de los clubes a los que se ha solicitado documentación.

La actuación se inició a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once clubes de Segunda B en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los equipos que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social. A raíz de ello, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en colaboración con los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil iniciaron una campaña para la detección de la comisión de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por diferentes clubes.

Esta práctica, por una parte, genera un menoscabo al Sistema de la Seguridad Social ya que se ingresa menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de sus futbolistas y, por otro lado, genera grandes perjuicios a los propios futbolistas, pues se les priva de los derechos que les asisten a la seguridad social por su relación laboral con los clubes.

Desde el momento que tuvieron conocimiento de esta práctica, los investigadores realizaron contactos con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubes.

En el marco de esta indagación, tras una reunión de la Real Federación Española de Fútbol con todos los presidentes de clubs de fútbol de 2ªB y 3ª División que tuvo lugar en noviembre de 2019 y, que es de acceso público en Internet, resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema.

Inspecciones coordinadas

A raíz de la constatación de la normalización del fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica. Este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan habitualmente de forma conjunta entre las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores.

En este caso concreto, además se ha actuado en el desarrollo de la lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional. De este modo, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y la Guardia Civil pretenden colaborar en la erradicación de esta práctica ilegal que perjudica la leal competencia en el mundo del deporte, así como los derechos de los trabajadores en este ámbito.

Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.