El juez exige que la policía respete la privacidad de las entrevistas de los recluidos en el CIE de València

“Comuníquese al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia que las entrevistas con letrados y ONG, así como familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se haya escuchado”. El juez encargado del control del CIE de Zapadores, en València, ha emitido un auto en el que comunica esta advertencia a los responsables de las instalaciones en respuesta a las denuncias que la abogada de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento y el Fin de las Deportaciones ha interpuesto por el espionaje que la policía ha efectuado de estos encuentros.

La ley de Extranjería, el reglamento de los CIE y distintas resoluciones judiciales reconocen los derechos de las personas internadas a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”, y a que estas mantengan contactos con familiares, ONG, abogados y abogadas, “funcionarios consulares de su país u otras personas”, ha señalado la campaña en un comunicado. “Sin embargo, la policía, argumentando supuestos 'motivos de seguridad', se situaba junto a la puerta de la sala de visitas e impedía su cierre, lo que les permitía escuchar las conversaciones privadas entre los internos y sus visitas”, ha indicado.

El pasado verano, un agente interrumpió la entrevista de un interno con dos acompañantes de la Campaña y dio por finalizada la visita porque dijo que había escuchado decir que “la policía es racista”. Las personas acompañantes negaron esta acusación, pero tuvieron que abandonar el CIE sin poder realizar las visitas acordadas. Más recientemente se ha dado el caso de policías interviniendo, sin que nadie lo solicitara, en las entrevistas a los internos. Situaciones similares tienen que sufrir las y los profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia.

Inicialmente, el juez de control resolvió la denuncia de la Campaña comunicándole al CIE que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar”. Ante la constatación de que se hizo caso omiso de la resolución judicial, se presentó una nueva denuncia el 8 de febrero solicitando que los policías se sitúen al otro lado del pasillo -junto a la pared de enfrente de la sala-, como han hecho en alguna ocasión, lo que les permite un control visual del interior de la habitación y la distancia garantiza la privacidad de la entrevista. El mismo día que se presentó esta denuncia, el juez acordó solicitar explicaciones al CIE sobre la actuación de la policía durante las visitas a internos. El 24 de marzo, el juez resolvió dirigirse al CIE de València para exigirle “que las entrevistas con letrados y ONGs, así como familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se haya escuchado”.

La campaña por el cierre de los CIE espera que se corrija tras la intervención judicial, y considera que lo ocurrido “es una más de las continuas vulneraciones de derechos que sufren las personas que han sido encerradas sin haber cometido ningún delito”.