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Un juez imputa a dos altos cargos de la Generalitat Valenciana tras una querella ultra por una charla de educación sexual

Charla del Instituto Valenciano de la Juventud sobre sexualidad.

Lucas Marco

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A declarar ante el juez por una charla sobre educación sexual denunciada por ultras. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, el magistrado José Luís Rubido de la Torre, ha citado a declarar “con asistencia letrada” al director del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj), Jesús Damián Martí, y a la directora de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, Ofelia Gimeno, por un presunto delito contra la salud pública, tras una querella de la entidad ultra 'Abogados Cristianos' contra la jornada virtual sobre los riesgos del 'chemsex' con recomendaciones para reducir riesgos asociados a esta práctica a cargo de una asociación por los derechos sexuales y un psicólogo del servicio Orienta LGTBI.

La querella de la organización de letrados alude a las ayudas de la Generalitat Valenciana destinadas a promover proyectos de promoción de la salud sexual para población de especial vulnerabilidad por su edad, opiniones o identidades sexuales, además de la prevención del estigma social asociado al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual, con un importe global máximo de 85.500 euros.

En el marco de esta subvención, el Comité Ciudadano Antisida de la Comunitat Valenciana obtuvo 5.496,43 euros para un proyecto llamado “Aplicación de contactos para HSH [Hombres que tienen Sexo con Hombres] y usuarios chemsex”. La organización ultraconservadora acusa a la directora general de Salud Pública de financiar una “aplicación de contactos para 'chemsex” y al Ivaj de promover “tan peligrosa práctica” entre los jóvenes valencianos a través de redes sociales. 'Abogados Cristianos' lamenta la difusión de la guía, cuya presentación incluso se debatió en el Parlamento valenciano a instancias de PP, Ciudadanos y Vox.

El juez ha admitido a trámite la querella y ha citado a Jesús Damián Martí y a Ofelia Gimeno el próximo 13 de septiembre para “prestar declaración con asistencia letrada” (en calidad de investigados), según un auto difundido por 'Abogados Cristianos'.

La presidenta de la entidad ultra asegura que “es necesario empezar a dirimir responsabilidades”. “Conductas y hechos tan graves deben ser sancionados y condenados”, agrega.

'Abogados Cristianos' enmarca la campaña sobre los riesgos del 'chemsex' en una suerte de fijación del Ejecutivo valenciano con la educación sexual de los menores. “El comportamiento de la Generalitat Valenciana con los menores es muy grave, y así lo demuestra la petición de imputación de Mónica Oltra por parte de la Fiscalía. Sin embargo, nadie le pone freno a estas conductas que cuentan con la complicidad tácita por parte de Ximo Puig”, señala Castellanos. 

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